Pide diputada del PRI subsidios y protección de la Guardia Nacional para madres buscadoras

Pide diputada del PRI subsidios y protección de la Guardia Nacional para madres buscadoras

Por redacción

La diputada del PRI Verónica Martínez plantea subsidios para colectivos, atención médica y acompañamiento de la Guardia Nacional durante rastreos en zonas de riesgo.

La diputada federal del PRI, Verónica Martínez García, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a las instancias nacionales de búsqueda a crear un programa emergente de apoyo económico, atención integral y protección para colectivos y madres buscadoras de personas desaparecidas.

La propuesta contempla subsidios directos para adquirir herramientas de excavación, equipos de geolocalización y cubrir gastos de transporte, así como atención a la salud y apoyo para el sustento de las familias que participan en las jornadas de búsqueda.

La legisladora por Coahuila pidió garantizar la seguridad de quienes rastrean zonas de alto riesgo y planteó que la Guardia Nacional y las policías estatales brinden protección durante estas labores, ante las amenazas que enfrentan los colectivos.

Martínez García sostuvo que las familias deben contar con condiciones para participar en el diseño, ejecución y evaluación de las acciones de búsqueda, conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

El punto de acuerdo también propone establecer mesas técnicas regionales, coordinadas por la Segob y la Fiscalía General de la República (FGR), para agilizar la identificación de restos mediante análisis genéticos y el cruce de información con la Base Nacional de Datos Forenses y la Plataforma Única de Identidad.

La diputada planteó que el programa opere de manera coordinada en los tres órdenes de gobierno y priorice las entidades con mayor número de personas desaparecidas, a fin de que los colectivos cuenten con recursos y protección durante sus labores.

La propuesta busca que el respaldo institucional se traduzca en apoyos concretos para las familias que buscan a sus seres queridos; al tratarse de un punto de acuerdo, constituye una solicitud a las autoridades, no un programa aprobado ni una medida que ya esté en operación.