PAN propone hasta 28 años de cárcel por abuso sexual de menores en albergues
Por redacción
Hasta 28 años de prisión para quienes abusen sexualmente de niñas, niños y adolescentes aprovechándose de su cargo en albergues, centros de asistencia o instituciones de cuidado, propusieron diputadas del PAN como parte de un paquete de reformas para reforzar la protección de menores frente a la violencia sexual.
La diputada federal Paulina Rubio planteó llevar a la Cámara de Diputados una propuesta para establecer una agravante específica cuando el agresor tenga acceso a la víctima debido a las funciones que desempeña en instituciones de asistencia, alojamiento, protección, tratamiento, rehabilitación, custodia o cuidado.
La legisladora argumentó que actualmente existe un vacío legal para sancionar de manera diferenciada estos casos cuando el responsable utiliza la posición que ocupa dentro de una institución para tener acceso a un menor.
“No podemos permitir que el lugar al que llega un niño para ser protegido se convierta en el lugar donde encuentre a su agresor”, sostuvo Rubio, quien planteó que el abuso cometido bajo estas condiciones amerita una sanción más severa.
La propuesta contempla además consecuencias distintas dependiendo del vínculo laboral del responsable. Si se trata de un servidor público, se plantea su destitución e inhabilitación; mientras que para trabajadores de instituciones privadas o sociales se propone suspender hasta por 56 años su posibilidad de desempeñar nuevamente funciones relacionadas con el cuidado de menores.
La diputada local panista Laura Alejandra Álvarez Soto señaló que la medida busca atender particularmente a niñas, niños y adolescentes que se encuentran fuera de su entorno familiar. UNICEF México reporta que alrededor de 33 mil menores vivían en Centros de Asistencia Social, de acuerdo con datos difundidos por el organismo.
Álvarez Soto presentó además en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para sancionar con hasta nueve años de prisión a quien utilice inteligencia artificial u otras herramientas digitales para elaborar imágenes o videos de contenido sexual de menores de 18 años, incluso cuando el material sea simulado o manipulado. El Congreso capitalino informó sobre esta propuesta en septiembre de 2026.
La iniciativa también contempla aplicar la misma pena a quien difunda imágenes o videos sexuales de niñas, niños y adolescentes dentro de la escuela de la víctima, de acuerdo con la propuesta presentada por la legisladora.
UNICEF México señala que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye una amenaza relevante para la protección de sus derechos y reporta que la tasa de violencia sexual contra este sector pasó de 58.4 a 127.2 casos por cada 100 mil habitantes entre 2018 y 2023.
Rubio y Álvarez coincidieron en que la protección de la niñez debe abarcar tanto los espacios físicos de cuidado como los entornos digitales. “Quien tiene la responsabilidad de cuidar a un niño y utiliza esa posición para abusar de él debe enfrentar todo el peso de la ley”, afirmó Álvarez Soto.