Piden diputados del PAN hasta 140 años de prisión para servidores públicos ligados al crimen organizado
Por redacción
El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados propuso imponer penas de hasta 140 años de prisión a servidores públicos que se coludan, colaboren o faciliten actividades del crimen organizado, además de que estas conductas sean consideradas imprescriptibles.
La iniciativa, presentada ante el Pleno por el diputado José Manuel Hinojosa Pérez, plantea reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para establecer penas de entre 80 y 140 años de prisión y multas de hasta 24 mil días.
El coordinador de la bancada panista, Elías Lixa Abimerhi, sostuvo que la propuesta busca combatir la infiltración de grupos criminales en las instituciones y terminar con la impunidad de quienes desde el poder público favorezcan a organizaciones delictivas.
“Punto final a la era de los Rocha Moya, punto final a la complacencia criminal, punto final a la narcopolítica”, afirmó el legislador.
Lixa señaló que combatir la corrupción y al crimen organizado requiere garantizar que quienes utilicen las instituciones públicas para favorecer a grupos criminales reciban sanciones efectivas y ejemplares.
“El Estado mexicano no puede seguir secuestrado por los intereses de los criminales”, advirtió.
Hinojosa Pérez sostuvo que México enfrenta una crisis de seguridad y alertó que la infiltración del crimen organizado en la vida pública representa también una amenaza para las instituciones democráticas y los procesos electorales.
La propuesta contempla sancionar las alianzas entre servidores públicos y miembros de la delincuencia organizada cuando tengan como propósito facilitar las actividades de grupos criminales o influir en decisiones de autoridades, instituciones democráticas o procesos electorales.
Las penas de 80 a 140 años también se aplicarían, de acuerdo con la iniciativa, a integrantes de la delincuencia organizada que atenten contra las instituciones democráticas y la división de poderes mediante acciones encaminadas a influir en decisiones de autoridades o procesos electorales.
El proyecto incluye a titulares del Ejecutivo federal y estatales, secretarios de Estado, fiscales y al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que participen, colaboren o faciliten esas conductas, así como a quienes incumplan deliberadamente sus atribuciones legales para permitirlas.
Además, propone incorporar estas conductas al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el propósito de que sean investigadas y sancionadas bajo ese ordenamiento.
El PAN sostuvo que no puede existir un Estado de Derecho pleno mientras servidores públicos utilicen las instituciones para favorecer intereses criminales y llamó a las demás fuerzas políticas a respaldar la reforma.