Original y Copia. Veracruz y Guerrero. Por Martín de J. Takagui

Las condiciones para ejercer el periodismo en México se agravan cada día. Los niveles de violencia con que han sido asesinados dos comunicadores en los últimos días dan muestra del odio con que algunos ven el trabajo periodístico, la denuncia documentada el análisis de las diversas situaciones que se presentan ante la sociedad.

Lo más grave de todo esto, sin duda es la muerte, pero cuando es precedida por la tortura y sucedida por la incineración, estamos hablando de situaciones de violencia extrema en donde no se muestra temor al castigo; que es un desafío a la acción de la justicia y a la seguridad de que habrá impunidad.

En muchos de los casos las autoridades se han conformado con detener y supuestamente castigar a los autores materiales de los hechos, solamente cuando llega a haber detenidos como en el caso de la periodista veracruzana Roxana Guzmán Ramírez donde detuvieron a ocho personas, entre ellos a cuatro policías municipales.

Pero en otros casos la autoridad ni idea tienen de quiénes pudieron haber secuestrado y asesinado al periodista y activista ecológico de Guerrero, Manuel Alejandro Moreno Serna, que desapareció y 12 días después su cuerpo fue identificado por sus familiares, después de que estaba en el Semefo, porque había sido encontrado con huellas de tortura en un tambo de 200 litros en un paraje cercano al municipio de Zihuatanejo, Guerrero.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han condenado los secuestros y asesinatos de Roxana Guzmán en Veracruz y de Alex Serna en Guerrero.

Ambos exigieron a las autoridades mexicanas, tanto a la Presidenta de la República como a las autoridades estatales trabajen en la investigación de cada uno de los homicidios de los periodistas, pues consideraron que el asesinato de un periodista no se limita a la persona, sino que da muestra de la gravedad del riesgo en el que trabajan los comunicadores en México.

Al menos el organismo de la ONU aseguró que los estados de Guerrero y Veracruz, precisamente de donde son originarios estos dos periodistas, son las entidades del país en donde es más peligroso el trabajo periodístico de todo el país, por lo que alertó a las autoridades locales para revisar los protocolos de investigación.

En el caso de Roxana, que es de lo que existen evidencias de responsabilidad, se trata de cuatro policías municipales y en un país en donde la policía municipal obedece a las instrucciones de los presidentes municipales, es obvio que hay un responsable intelectual, al cual las autoridades estatales, de procuración e impartición de justicia no han querido sancionar y, por el contrario, quieren proteger.

La libertad de expresión expresada claramente en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos como una de las garantías individuales, no es un patrimonio exclusivo de los periodistas, comunicadores, opinadores o trabajadores de los medios de comunicación o los usuarios de las redes sociales, se trata de un derecho humano que nos asiste a todas las personas, sea cual sea su edad, su raza, su credo religioso, su condición social o su filiación política.

La libertad de expresión se debe ejercer sin necesidad de pedir permiso a nadie, sin limitante alguno más que el derecho de los terceros, pero los homicidios, amenazas, agresiones o discriminaciones por motivos de libertad de expresión son violaciones graves a los derechos humanos.

Ya no basta con las condenas públicas que hagamos en estos casos los periodistas o comunicadores, todos los mexicanos y quienes defendemos el Estado de Derecho y los derechos humanos debemos alzar la voz, condenar esta clase de asesinatos, rechazar la impunidad y pedir justicia, esa a la que están obligados los gobernantes.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista

Las condiciones para ejercer el periodismo en México se agravan cada día. Los niveles de violencia con que han sido asesinados dos comunicadores en los últimos días dan muestra del odio con que algunos ven el trabajo periodístico, la denuncia documentada el análisis de las diversas situaciones que se presentan ante la sociedad.

Lo más grave de todo esto, sin duda es la muerte, pero cuando es precedida por la tortura y sucedida por la incineración, estamos hablando de situaciones de violencia extrema en donde no se muestra temor al castigo; que es un desafío a la acción de la justicia y a la seguridad de que habrá impunidad.

En muchos de los casos las autoridades se han conformado con detener y supuestamente castigar a los autores materiales de los hechos, solamente cuando llega a haber detenidos como en el caso de la periodista veracruzana Roxana Guzmán Ramírez donde detuvieron a ocho personas, entre ellos a cuatro policías municipales.

Pero en otros casos la autoridad ni idea tienen de quiénes pudieron haber secuestrado y asesinado al periodista y activista ecológico de Guerrero, Manuel Alejandro Moreno Serna, que desapareció y 12 días después su cuerpo fue identificado por sus familiares, después de que estaba en el Semefo, porque había sido encontrado con huellas de tortura en un tambo de 200 litros en un paraje cercano al municipio de Zihuatanejo, Guerrero.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han condenado los secuestros y asesinatos de Roxana Guzmán en Veracruz y de Alex Serna en Guerrero.

Ambos exigieron a las autoridades mexicanas, tanto a la Presidenta de la República como a las autoridades estatales trabajen en la investigación de cada uno de los homicidios de los periodistas, pues consideraron que el asesinato de un periodista no se limita a la persona, sino que da muestra de la gravedad del riesgo en el que trabajan los comunicadores en México.

Al menos el organismo de la ONU aseguró que los estados de Guerrero y Veracruz, precisamente de donde son originarios estos dos periodistas, son las entidades del país en donde es más peligroso el trabajo periodístico de todo el país, por lo que alertó a las autoridades locales para revisar los protocolos de investigación.

En el caso de Roxana, que es de lo que existen evidencias de responsabilidad, se trata de cuatro policías municipales y en un país en donde la policía municipal obedece a las instrucciones de los presidentes municipales, es obvio que hay un responsable intelectual, al cual las autoridades estatales, de procuración e impartición de justicia no han querido sancionar y, por el contrario, quieren proteger.

La libertad de expresión expresada claramente en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos como una de las garantías individuales, no es un patrimonio exclusivo de los periodistas, comunicadores, opinadores o trabajadores de los medios de comunicación o los usuarios de las redes sociales, se trata de un derecho humano que nos asiste a todas las personas, sea cual sea su edad, su raza, su credo religioso, su condición social o su filiación política.

La libertad de expresión se debe ejercer sin necesidad de pedir permiso a nadie, sin limitante alguno más que el derecho de los terceros, pero los homicidios, amenazas, agresiones o discriminaciones por motivos de libertad de expresión son violaciones graves a los derechos humanos.

Ya no basta con las condenas públicas que hagamos en estos casos los periodistas o comunicadores, todos los mexicanos y quienes defendemos el Estado de Derecho y los derechos humanos debemos alzar la voz, condenar esta clase de asesinatos, rechazar la impunidad y pedir justicia, esa a la que están obligados los gobernantes.

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