ONU adopta un plan global para hacer frente al crimen digital
Los Estados miembros de Naciones Unidas adoptaron este sábado la Declaración de Abu Dabi, una nueva hoja de ruta internacional destinada a reforzar la prevención del delito y los sistemas de justicia penal ante una criminalidad que utiliza cada vez más la tecnología, la inteligencia artificial, las plataformas digitales y las redes financieras internacionales.
La Declaración fue adoptada durante la apertura del 15º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebra en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, del 26 de septiembre al 1 de octubre. El encuentro, organizado cada cinco años, constituye la principal reunión mundial de Naciones Unidas dedicada específicamente a estas materias.
Aunque la ciberdelincuencia ocupa un lugar central, el documento tiene un alcance más amplio. La estrategia aborda también el crimen organizado transnacional, la corrupción, la trata de personas, el lavado de dinero, los flujos financieros ilícitos, el tráfico de drogas y otras formas de delincuencia que evolucionan con rapidez.
La Declaración se estructura alrededor de cuatro grandes ámbitos: prevención y resiliencia; justicia y Estado de derecho; amenazas criminales emergentes y convergentes; e innovación y cooperación internacional. Durante su preparación se contemplaron 18 artículos y 67 párrafos destinados a orientar las políticas internacionales durante los próximos cinco años.
La tecnología está cambiando la naturaleza del delito
Uno de los principales mensajes del Congreso es que la transformación digital no solamente ofrece nuevas herramientas a las autoridades, sino también a las organizaciones criminales.
La directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Monica Juma, había advertido antes de la reunión que las tecnologías digitales están creando un ecosistema de beneficios ilícitos con alcance mundial y facilitando delitos como las estafas en línea, el ciberdelito y las operaciones transnacionales.
La preocupación va más allá de los ataques informáticos tradicionales. El Congreso analiza modelos en los que infraestructura, plataformas, herramientas digitales y conocimientos especializados pueden ponerse a disposición de delincuentes, ampliando fenómenos como el denominado “crimen como servicio”, en el que capacidades criminales pueden contratarse o adquirirse sin que quien las utiliza posea conocimientos técnicos avanzados.
La expansión de la inteligencia artificial añade otra dimensión al problema, tanto por su posible utilización para automatizar delitos como por su incorporación a las propias instituciones encargadas de combatirlos.
Inteligencia artificial también para combatir el crimen
Los gobiernos acordaron avanzar igualmente en la modernización tecnológica de los sistemas de justicia. La Declaración impulsa el uso responsable de herramientas digitales, análisis de datos e inteligencia artificial para mejorar la prevención del delito, las investigaciones y la administración de justicia.
Sin embargo, el documento vincula ese proceso con garantías destinadas a proteger derechos fundamentales, entre ellas la supervisión humana, transparencia, rendición de cuentas, protección de la privacidad y de los datos personales. La documentación preparatoria del Congreso señala específicamente la necesidad de equilibrar las ventajas de la inteligencia artificial con la protección de derechos y el control humano.
El objetivo es que la misma tecnología que está modificando las capacidades de las organizaciones criminales pueda utilizarse para construir sistemas judiciales más eficaces sin eliminar las garantías legales.
“La justicia no puede ser un privilegio”
La vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed, afirmó durante la apertura que la justicia y el Estado de derecho deben permanecer en el centro de la respuesta internacional.
“La justicia no puede ser un privilegio. Debe proteger a todas las personas, defender los derechos de todas las personas y no dejar a nadie atrás”, dijo.
Mohammed señaló que el encuentro constituye una oportunidad para renovar el compromiso internacional con la justicia y convertirlo en acciones concretas, en un contexto marcado por rápidos avances tecnológicos, expansión de los espacios digitales y nuevas vulnerabilidades aprovechadas por redes criminales.
Mujeres, niños y jóvenes entre las prioridades
La estrategia también dirige la atención hacia quienes tienen mayor riesgo de convertirse en víctimas.
Entre las preocupaciones planteadas durante el proceso del Congreso se encuentran los niños y adolescentes reclutados por grupos criminales, las mujeres afectadas por distintas formas de violencia —incluida la violencia digital— y los jóvenes captados por redes de fraude o explotación mediante ofertas falsas de empleo y oportunidades económicas.
Los documentos preparatorios de Naciones Unidas contemplan expresamente fortalecer la protección de mujeres, niños y jóvenes, ampliar el acceso a la justicia y la asistencia jurídica y desarrollar sistemas de justicia adaptados a grupos vulnerables.
Para Juma, la dimensión humana debe servir como referencia para evaluar los resultados de las políticas contra el crimen: detrás de las nuevas tecnologías y las grandes redes transnacionales se encuentran personas expuestas directamente a explotación, violencia y fraude.
De Kioto a Abu Dabi
La Declaración de Abu Dabi toma el relevo de la Declaración de Kioto, adoptada durante el anterior Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal.
Cinco años después, la rápida expansión de la inteligencia artificial, las monedas y activos digitales, las plataformas globales y nuevas herramientas de comunicación ha obligado a actualizar las prioridades.
Naciones Unidas considera que los delitos contemporáneos tienen una capacidad creciente para atravesar fronteras y aprovechar diferencias entre legislaciones, instituciones y capacidades tecnológicas nacionales.
Por esa razón, uno de los pilares de Abu Dabi es reforzar la cooperación internacional, incluida la asistencia jurídica mutua, extradiciones, recuperación de activos provenientes del delito e intercambio de información entre autoridades.
Compromisos concretos hasta 2031
La Declaración funcionará como orientación política internacional para los próximos cinco años. Naciones Unidas complementará su implementación mediante la iniciativa Pledge for Justice, concebida para que los Estados anuncien compromisos concretos relacionados con los resultados del Congreso y permitan dar seguimiento a su aplicación.
El Congreso continuará hasta el 1 de octubre con sesiones plenarias, talleres especializados, encuentros de alto nivel y reuniones paralelas dedicadas, entre otros temas, al ciberdelito, fraude en línea, trata de personas, crimen organizado y utilización responsable de nuevas tecnologías en los sistemas judiciales.
La principal conclusión que deja su primera jornada es que Naciones Unidas considera que la transformación tecnológica ha abierto un nuevo escenario para la criminalidad mundial: la tecnología puede multiplicar las capacidades del delito, pero también convertirse en una herramienta para prevenirlo y perseguirlo, siempre que su utilización esté acompañada de controles legales, transparencia y supervisión humana.