Once Diputados de Chihuahua demandan juicio político contra Maru Campos
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que llegó a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
López Rabadán confirmó que la denuncia fue recibida en la Secretaría General del Palacio Legislativo de San Lázaro a las 09:51 horas de este martes.
La legisladora explicó que, conforme al procedimiento legislativo, los promoventes deberán ratificar la denuncia el próximo 29 de mayo.
En caso de concretarse dicha ratificación, el expediente será turnado a la Subcomisión de Examen Previo, instancia encargada de analizar la procedencia del juicio político.
DEMANDA DE JUICIO POLÍTICO
Un grupo de 11 diputados locales de Chihuahua presentó una demanda de juicio político contra la gobernadora de su estado, a quien acusan de presunta responsabilidad por la participación de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad realizado en territorio estatal.
El documento está firmado por EDIN CUAUHTÉMOC ESTRADA SOTELO, MAGDALENA RENTERÍA PÉREZ, LETICIA ORTEGA MÁYNEZ, ÓSCAR DANIEL AVITIA ARELLANES, ELIZABETH GUZMÁN ARGUETA, MARÍA ANTONIETA PÉREZ REYES, BRENDA FRANCISCA RÍOS PRIETO, PEDRO TORRES ESTRADA, EDITH PALMA ONTIVEROS, HERMINIA GÓMEZ CARRASCO y JAEL ARGÜELLES DÍAZ en su carácter de Diputados Locales en el Congreso del Estado de Chihuahua.
De acuerdo con el documento entregado ante la Cámara de Diputados, la denuncia solicita que se admita, sustancie y, en su caso, se formule acusación ante el Senado por la posible responsabilidad política de la mandataria estatal en hechos relacionados con la “presunta presencia, colaboración, tolerancia u ocultamiento de agentes extranjeros en territorio nacional” dentro de acciones operativas de seguridad.
El expediente, integrado en un documento de 104 cuartillas, sostiene además que pudo existir una invasión de competencias exclusivas de la federación en materia de seguridad nacional y política exterior.
Según los promoventes, la imputación contra la titular del Ejecutivo estatal se plantea en dos vías.
La primera corresponde a una posible responsabilidad “por acción”; en caso de comprobarse que la gobernadora solicitó, autorizó, consintió o encubrió mecanismos de colaboración directa con agentes extranjeros fuera del marco constitucional federal, o que participó en acuerdos o entendimientos reservados exclusivamente al gobierno federal.
La segunda línea de acusación plantea una “omisión grave”, bajo el argumento de que, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo estatal, permitió un funcionamiento institucional sin controles, reportes o supervisión suficiente, lo que habría derivado en un quebranto al orden constitucional y a la soberanía nacional.