Oleajes. Tulum: el paraíso inmobiliario que se construyó sobre permisos, excesos y cenotes en riesgo. Por Oscar Vázquez C. / AzTurismo
Tulum pasó de ser el paraíso de los viajeros que buscaban playas vírgenes, selva y tranquilidad, a convertirse en uno de los ejemplos más evidentes de cómo la ambición inmobiliaria puede terminar devorando el destino que pretende vender.
Hoy, el mercado inmobiliario enfrenta una realidad incómoda: departamentos que no se venden, desarrollos con baja ocupación, inversionistas que esperan recuperar su dinero y una oferta de viviendas que creció muy por encima de la demanda. Pero esta crisis no apareció de la noche a la mañana. Es consecuencia de años de crecimiento acelerado, especulación y decisiones gubernamentales que permitieron construir sin garantizar que Tulum tuviera capacidad para soportarlo.
Y aquí hay una pregunta obligada: ¿quién autorizó tanto desarrollo y en qué condiciones?
La historia no comenzó con la 4T. Desde los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón hubo autorizaciones y concesiones para proyectos turísticos en la región. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se ampliaron algunas de esas autorizaciones y, con Andrés Manuel López Obrador, también se otorgaron permisos para infraestructura turística que terminaron bajo cuestionamiento.
La Recomendación 90/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es particularmente reveladora. Documentó irregularidades de Semarnat, Marina y Profepa en proyectos de Chemuyil y Chemuyilito, dentro de un área natural protegida.
La Comisión acreditó afectaciones a manglares, tortugas marinas, arrecifes y cuerpos de agua, además de responsabilidades institucionales. Incluso pidió promover la nulidad de autorizaciones ambientales y restaurar ecológicamente la zona.
Es decir, no se trata solamente de acusaciones de ambientalistas: existen resoluciones oficiales que exhiben cómo las propias autoridades federales permitieron o no frenaron proyectos cuestionados.
Una investigación de N+Focus, titulada Tulum: un paraíso ilegal, reconstruyó el problema entre 2008 y 2022. Encontró 2 mil 493 licencias municipales de construcción entre 2016 y el primer trimestre de 2022, mientras que Semarnat reportó apenas 58 manifestaciones federales relacionadas con desarrollos inmobiliarios y turísticos durante el periodo analizado. También documentó 288 denuncias por posibles daños ambientales entre 2005 y 2022.
El problema alcanzó incluso al Parque Nacional Tulum, donde la Suprema Corte resolvió en 2011 una controversia a favor de la Federación frente al intento municipal de incorporar terrenos protegidos a un programa urbano. Sin embargo, años después persistían construcciones y procedimientos contra establecimientos dentro del área natural protegida.
Y el daño no termina en la playa.
Tulum está asentado sobre un territorio kárstico, atravesado por cenotes, cavernas y ríos subterráneos que forman parte de un sistema hídrico extraordinariamente vulnerable. El desmonte de selva, la remoción de manglares, las excavaciones, las descargas de aguas residuales y los desarrollos sin infraestructura adecuada representan riesgos para estos ecosistemas. La investigación periodística también documentó expedientes sobre cenotes y ríos subterráneos afectados por actividades inmobiliarias.
La pregunta es qué quedará de ese patrimonio natural cuando los proyectos que hoy se venden como inversiones de lujo hayan agotado su atractivo.
La factura del boom inmobiliario
Las cifras actuales confirman que el modelo también está pasando factura a los inversionistas.
De acuerdo con un análisis de InfoHabitat, publicado por El Economista en julio de 2026, las unidades en construcción pasaron de mil 466 en 2017 a 13 mil 266 en 2023. Las ventas anuales descendieron de 3 mil 487 en 2023 a mil 711 en 2025, una contracción cercana al 51%. Además, la ocupación de viviendas en Tulum se estimó en apenas 21%, frente a 89% en Cancún y 82% en Playa del Carmen.
Un bróker inmobiliario que pidió mantener su nombre en reserva nos comparte una lectura que refleja el ánimo de una parte del sector:
“Tulum sí está deprimido, pero justo por eso, ahora hay muy buenas oportunidades para los que tienen dinero. Y el destino seguro se recuperará, es cuestión de aguantar, los que puedan hacerlo.
La 4T lo echó a perder con tantos permisos que dieron, el parque del Jaguar, la mafia de los taxis, el aeropuerto mal planeado y el Tren Maya, que no da una, han afectado al destino. Los demás destinos, como Playa, Cancún y Puerto Morelos, bajaron mucho de ocupación... pero sí hay ventas e interés por invertir”.
Su diagnóstico tiene una parte de razón, pero también una omisión importante: responsabilizar exclusivamente a la 4T significa olvidar que el desorden inmobiliario, las autorizaciones cuestionadas y la falta de planeación vienen de administraciones anteriores.
El Parque del Jaguar, el aeropuerto y el Tren Maya podrán ser objeto de críticas por su operación, conectividad, accesibilidad y resultados, pero no explican por sí solos una expansión inmobiliaria que comenzó mucho antes de su construcción.
El riesgo es que ahora se pretenda presentar la crisis como una oportunidad para comprar barato, sin resolver los problemas estructurales que provocaron la depreciación.
Tulum necesita recuperar visitantes, sí, pero también certidumbre jurídica, servicios públicos, saneamiento, movilidad y protección efectiva de sus ecosistemas. No basta con vender departamentos con descuentos ni prometer rentabilidades futuras.
El verdadero lujo de Tulum nunca fueron sus hoteles boutique ni sus condominios de diseño. Fueron sus playas, sus cenotes, su selva y su naturaleza.
Si las autoridades de todos los niveles de gobierno no investigan los permisos irregulares, sancionan a quienes hayan violado la ley y garantizan que no se sigan destruyendo los recursos naturales, la recuperación inmobiliaria podría convertirse en otro negocio pasajero.
Y entonces Tulum habrá perdido lo más valioso que tenía: aquello que lo hizo atractivo para el mundo.
Por cierto, para que no haya dudas. Hay licencias municipales de construcción, autorizaciones federales de impacto ambiental y concesiones. No todas son equivalentes ni toda licencia cuestionada constituye automáticamente un delito. Esa distinción fortalece la denuncia y evita atribuir responsabilidades penales sin sentencia.
Independiente de sus viajes aéreos privados, que es harina de otro costal, la gobernadora, Mara Lezama, tiene la piedra caliente en sus manos que seguramente ya le están quemando y debe resolver.
Obvio es importante sabe a está haciendo ante el problema de Tulum, el secretario de Turismo del estado, Bernardo Cueto Riestra, recientemente presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), con licenciatura en Derecho por la Universidad Anáhuac y Maestro en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, con esas credenciales algo debe saber para dar soluciones más allá del sargazo, que sigue afectando al turismo, aunque hay un plan emprendido en junio pasado.
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