Miscelánea, salud y política. ¿Será que la justicia viene del norte? Por Judith Álamo
Cumplir con el marco jurídico debería ser prioridad para los gobernantes, pero en México el gobierno de la 4T decidió quitarle autonomía al Poder Judicial para institucionalizar la aplicación de la justicia selectiva.
El nombramiento de Ernestina Godoy, como fiscal general de la República se interpretó como un acto para cubrirse las espaldas, debido a que no es una profesional autónoma sino presume su afiliación a Morena, por ello se cree ha evitado citar a los prominentes miembros de su movimiento sospechosos de graves ilícitos.
Entre los sospechosos de ilícitos están el diputado Adán Augusto López y el cartel de Tabasco; el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y su equipo; el exsecretario de Marina, almirante Ojeda Durán, tío y protector de dos sobrinos imputados por graves delitos; el exfiscal Gertz, etcétera). Sólo ha actuado contra opositores.
La incompetencia administrativa se justificó cuando el líder creador del Movimiento de regeneración nacional pedía a sus subalternos en puestos de gobierno 90% de lealtad y solo 10% de conocimiento. Eso explica la ineptitud y el desorden que impera en la Administración Pública.
Según México Evalúa la impunidad es de alrededor del 93%, pues los delitos no se denuncian o no se castigan. Los problemas de corrupción en México tienen larga data, pero el deterioro se aceleró cuando llegó AMLO al poder y por encima del Estado de Derecho pronunció su máxima: “No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.
El fundador de la 4T con esas palabras urgía a los ministros de la Suprema Corte, en febrero de 2022, a dar prioridad a la preeminencia de la CFE sobre los intereses de empresas privadas, principalmente extranjeras, que mantenían contratos en México para operar plantas de energías limpias.
AMLO conminó en esta y en múltiples ocasiones a los ministros de la Corte a interpretar la norma constitucional conforme al criterio obradorista que decía anteponer el interés nacional sobre los derechos de las empresas particulares.
La bandera enarbolada de nacionalizar la industria eléctrica para obtener la soberanía energética surtió efecto entre sus seguidores, pero no conmovió a los ministros de entonces ni siquiera al entonces presidente, Arturo Zaldívar, quien acabaría proclamándose morenista, pero la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) impulsada por AMLO fue rechazada.
Por esa y otras razones, en venganza los gobiernos de la 4T reformaron la estructura de la SCJN y del Poder Judicial de la Federación, para incorporar al máximo tribunal a incondicionales del morenismo, quienes cumplieran con la fórmula cuatroteísta: 90% de lealtad-10% de eficiencia.
Ya se efectuó la elección de la mitad de los puestos judiciales en 2024, por lo que de cumplirse la elección del 50% faltante en 2027 con las mismas reglas "del acordeón" se consumaría un retroceso histórico al sepultar la carrera judicial basada en el mérito, la experiencia y la estabilidad profesional de jueces y magistrados.
Uno de los primeros desengañados que cuestionó la autenticidad de los principios de AMLO, luego de ser su seguidor y amigo por más de cuatro décadas, fue el respetado periodista de investigación Ramón Alberto Garza, quien, desde febrero de 2020, en el medio que dirige, Código Magenta, alertó y documentó la falta de honestidad del líder y sus huestes.
Desde entonces y hasta la fecha ha investigado y sustentado "el fraude más escandaloso y cuantioso en la historia del país", cometido al amparo del gobierno de la 4T por el cartel energético del huachicol y del huachicol fiscal. El periodista sostiene que López Obrador traicionó los tres principios que juró defender: no robar, no traicionar y no mentir. ¿Será que la justicia viene del norte?
Hasta la próxima.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista.