Miscelánea, Salud y Política. Crisis humanitaria y de justicia en México. Por Judith Álamo López
"El poder no es un medio, sino un fin en sí mismo. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura.”: George Orwell
En medio de una crisis mundial caracterizada por revueltas de trabajadores en contra de políticas públicas de gobiernos nacionales, México destacó en el mes octubre de 2026 por recibir de parte de organismos internacionales multilaterales la severa reprobación de políticas de la Cuarta Transformación sobre desapariciones sistemáticas de personas y contra la reforma autoritaria del Poder Judicial de la Federación.
En esta ocasión no se trató de "comentócratas" como la presidente Sheinbaum llama a quienes señalan sus yerros, fueron dos organizaciones multilaterales mundiales: la ONU y la Unión Internacional de Magistrados, con 193 y 93 países miembros, con 80 y 73 años de existencia, respectivamente. Por primera vez en la historia de ambas organizaciones se decidió exhibir la crisis humanitaria de uno de sus países miembros.
Fue el presidente del Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, Juan Pablo Albán Alencastro, quien ante la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo un llamado a aplicar el artículo 34 de la Convención Internacional como un mecanismo de urgencia absoluta debido a que en México continúan las desapariciones de personas de forma sistemática.
Albán Alencastro aclaró que no se trata de una condena al gobierno mexicano el que por cierto ya empieza a abordar el problema, explicó que la activación del artículo 34 es preventiva no sancionadora, y es un llamado a la comunidad internacional para que se movilice y aporte recursos adicionales para encontrar solución a una dificultad que rebasa las fronteras de México debido a la proliferación de la delincuencia organizada, y subrayó "ojalá México se deje ayudar" y decida dar respuesta a las familias de 136 mil personas desaparecidas.
Y fundamentó la urgencia de la intervención internacional en evidencia recolectada entre abril y octubre de 2026, testimonios de víctimas, informes de la sociedad civil y datos oficiales que evidenciaron redes de complicidad y participación de funcionarios públicos con grupos del crimen organizado en estados como Jalisco, Veracruz, Coahuila y Nayarit.
En la respuesta oficial, la delegación mexicana encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, rechazó de forma tajante el alcance del artículo 34, argumentando que la crisis actual no obedece a una política de Estado –lo que realmente no se cuestiona, sino que se las desapariciones continúen en forma sistemática--y se refirió a la estrategia nacional recién implementada que contempla 10 puntos básicos.
El otro caso se refiere a la expulsión de magistrados mexicanos de un foro internacional, lo que representó un duro golpe para el gobierno morenista de la mandataria Sheinbaum quien consolidó la Reforma del Poder Judicial de la Federación contra la opinión de juristas nacionales y extranjeros quienes alertaron y reprobaron la elección popular de los jueces, entre cuyos atributos no es necesario que obtengan aprobación pública, sino que sus juicios se realicen con independencia –al poder-- , imparcialidad y apego a la ley.
La Unión Internacional de Magistrados (UIM) decidió expulsar a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), durante su 68.ª reunión y asamblea anual, el 17 de octubre de 2026, efectuada en Lisboa, Portugal, luego de escuchar los argumentos de los ministros mexicanos a favor de la reforma gubernamental aprobada en 2024, con 53 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones, "debido a que sus razones no muestran que hayan tenido voluntad por mantener la independencia del Poder Judicial".
El juez Marcello Gallo Tagle, secretario ejecutivo del Grupo Iberoamericano de la UIM criticó la reforma mexicana que destituyó en forma "encubierta” a los jueces de carrera y que se haya aplicado en forma retroactiva.
Señaló que la UIM coincide con la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) en desaconsejar la elección popular de jueces, y consideró un riesgo para las democracias replicar el modelo mexicano, aunque el mal ejemplo puede cundir entre regímenes autoritarios, advirtió.
De continuar el gobierno de la 4T por el sendero delineado por Andrés Manuel López Obrador, para 2028, cuando se efectúe la segunda elección de jueces del Poder Judicial --y se renueve la mitad faltante de las plazas-- no quedará ningún juez de carrera, y de esa forma quedará sepultada la imparcialidad e independencia del poder judicial mexicano. Concluiría el periodo de transición y se habría logrado consolidar un régimen de desconfianza en la justicia mexicana.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista