Miscelánea, Salud y Política. 42 años de auditorias. Por Judith Álamo
Hace 42 años, cuando se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (CGF) como parte de la política de renovación moral de la sociedad, en el sexenio de Miguel de la Madrid, se acostumbraba a decir que había que crear una cultura ciudadana de servicio púbico, que abarcara el servicio profesional de carrera para controlar y normar a los servidores de la Administración Pública Federal.
Se decía que se perdía más por ineptitud e ineficiencia que por corrupción. Desde entonces las contralorías internas y externas de dependencias y entidades públicas, al menos la mayoría, no vigilaban las finanzas sanas y el manejo probo de los recursos. Generalmente los profesionales contables internos actuaban para justificar gastos personales excesivos de los altos funcionarios y sacar a flote a la cabeza institucional frente a requerimientos externos.
Por su parte, la Secretaría de la Contraloría pronto se dio cuenta de que no todos los servidores públicos eran iguales, había sectores poderosos e intocables, como la Presidencia de la República, las Fuerzas Armadas y PEMEX, entre otras dependencias a quienes acabó por no exigirles demasiado.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue creada tras la reforma constitucional de 1999, sustituyó a la Contaduría Mayor de Hacienda (existente desde 1824), y entró en funciones el 1 de enero de 2000. Surgió en un contexto de transición democrática y exigencia ciudadana de rendición de cuentas y transparencia, con facultades para auditar los recursos públicos federales con autonomía técnica y de gestión, dentro de la Cámara de Diputados.
Respondió a la necesidad de mayor control en el manejo del presupuesto por parte de los tres Poderes de la Unión, con atribuciones de fiscalizar la Cuenta Pública Federal de manera autónoma, profesional y técnica y auditar a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), órganos autónomos, estados, municipios y a cualquier ente que maneje recursos públicos federales.
Su desempeño permitiría comprobar si los recursos se ajustaron a los criterios presupuestales y si se cumplieron los objetivos de los programas, y de no ser así podría fincar responsabilidades a funcionarios y promover acciones ante las autoridades competentes por irregularidades.
Posteriormente, con la reforma de 2015, se consolidó como la cabeza del Sistema Nacional de Fiscalización. Este gobierno, autoproclamado como de la Cuarta Transformación, ha marcado un punto de inflexión en la transición democratizadora, aduce razones de austeridad y centraliza todo en el poder Ejecutivo: las funciones de transparencia, acceso a la información y fiscalización, antes a cargo de siete órganos autónomos, hoy pasaron a la nueva Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno.
¿Quién pierde cuando fallan los controles de la hacienda pública y se suman a la percepción creciente de desgobierno y corrupción? Pierde el pueblo mexicano, no la entelequia ideológica inventada por un movimiento, sino todos los que conformamos esta gran nación, hoy tan injustamente demeritada.
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