México rechaza el informe del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas por omitir los avances desde 2018
México rechaza el informe del Comité por considerarlo parcial y por desestimar las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno mexicano. Dichas presentaciones demuestran que los argumentos del Comité son inconsistentes tanto con su propia definición de desaparición forzada como con los avances institucionales de México desde 2019, y en particular desde 2025.
El procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en los que agentes estatales cometen desapariciones forzadas de manera generalizada y sistemática, y las autoridades se niegan a actuar o cooperar. Esto no refleja la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en esta materia.
El informe aborda principalmente los hechos ocurridos entre 2009 y 2017 —durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— y se limita a cuatro estados. No obstante, la decisión del Comité es parcial y sesgada. No toma en cuenta los esfuerzos institucionales presentados el 27 de marzo, y México lamenta que el Comité no haya considerado la información actualizada antes de emitir su dictamen.
En los párrafos 117 y 118 de su decisión, el propio Comité reconoce que no existen indicios comprobados de una política federal para llevar a cabo ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, ya sea por acción u omisión. Estas conclusiones reflejan la situación actual del país, que difiere de períodos anteriores.
Los argumentos del Comité también carecen de rigor jurídico y sus premisas son débiles, incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma. Esto se agrava por los conflictos de interés entre algunos de sus miembros; específicamente, existen pruebas de que al menos uno trabajó para organizaciones que han presentado denuncias contra México.
El Gobierno mexicano no tolera, permite ni ordena las desapariciones forzadas. Esta administración ha impulsado reformas legislativas e institucionales, en coordinación con colectivos de familiares, para abordar este flagelo.
Como resultado de un proceso participativo con la participación de las familias, en julio de 2025 se aprobaron enmiendas sustanciales a la ley. El Comité no consideró adecuadamente las siguientes herramientas y obligaciones:
· Sistema Nacional de Alerta de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
· Obligación de abrir un expediente de investigación tras la primera denuncia.
· Base de Datos Nacional de Expedientes de Investigación.
· Plataforma Única de Identidad.
· Obligación de establecer fiscalías estatales especializadas.
· Fortalecimiento de la Base de Datos Nacional Forense.
· Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipamiento.
· Obligación de mantener registros oficiales con datos mínimos de identificación.
· Coordinación garantizada entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR).
· Inclusión de las comisiones de víctimas en el Sistema Nacional de Búsqueda.
Como ha reconocido la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, México mantiene una política de cooperación diaria con los sistemas internacionales y regionales, hecho valorado por diversas agencias.
México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no sobre la base de premisas que no reflejen su realidad actual.
Reafirmamos el compromiso absoluto de este gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de los esfuerzos de búsqueda e identificación y la garantía de la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias, como pilar central de la transformación nacional.