Marine Le Pen denuncia la crisis constitucional en Polonia y acusa a la UE de guardar silencio
La dirigente francesa cuestionó la suspensión de las autoridades del Tribunal Constitucional polaco y advirtió sobre una posible toma de control por la fuerza. El Gobierno de Donald Tusk defiende las medidas como parte de una reforma judicial, mientras el presidente Karol Nawrocki denuncia una ruptura del orden constitucional.
La dirigente de la derecha nacionalista francesa Marine Le Pen elevó la crisis constitucional de Polonia al escenario político europeo al acusar a la Unión Europea de mantener una actitud de indiferencia frente a la disputa por el control del Tribunal Constitucional, que enfrenta al Gobierno del primer ministro Donald Tusk con el presidente Karol Nawrocki.
En un mensaje publicado el domingo 1 de noviembre en su cuenta oficial de X, la líder de Agrupación Nacional (Rassemblement National) manifestó su profunda preocupación por la suspensión de las autoridades del máximo órgano de control constitucional polaco y por la presencia de fuerzas policiales en sus instalaciones.
Le Pen considera que los acontecimientos registrados en Varsovia podrían representar una toma de control forzada de una institución constitucional y cuestionó que las autoridades europeas no hayan condenado las medidas.
- La Unión Europea sí se pronunció. La Comisión Europea declaró el 31 de octubre que seguía de cerca la crisis y pidió respetar la Constitución polaca y la jurisprudencia europea. Por tanto, la acusación de indiferencia formulada por Le Pen es una valoración política, no un hecho demostrado.
- El Gobierno de Polonia respondió a Le Pen. Este 2 de noviembre, el canciller Radosław Sikorski le pidió que no interviniera en los asuntos internos polacos.
Le Pen denuncia un doble discurso de la Unión Europea
La política francesa sostuvo que las instituciones comunitarias no pueden presentarse como defensoras de la democracia mientras, a su juicio, toleran actuaciones que comprometen la independencia de los órganos constitucionales de sus Estados miembros.
En su declaración, Le Pen afirmó:
“La indiferencia de la Unión Europea y el silencio de los medios de comunicación ante la crisis polaca plantean interrogantes legítimos”.
También cuestionó la manera en que el Gobierno polaco pretende restablecer el funcionamiento del sistema judicial.
“No se restaura el Estado de derecho dando la impresión de eximirse uno mismo de las reglas que lo fundamentan”.
La diputada francesa advirtió que la repetición de actuaciones que considera imposiciones por la fuerza dentro de la propia Unión Europea comienza a generar interrogantes sobre la coherencia de sus instituciones.
Sus declaraciones constituyen una intervención significativa de una dirigente política francesa en un conflicto que, hasta ahora, se desarrollaba principalmente entre las autoridades polacas y las instituciones europeas.
La Unión Europea sí reaccionó a la crisis
Aunque Marine Le Pen acusó a Bruselas de indiferencia, la Comisión Europea ya había expresado públicamente su posición el sábado 31 de octubre.
Un portavoz confirmó que la institución seguía de cerca los acontecimientos y señaló que corresponde a las autoridades polacas garantizar el funcionamiento del Tribunal Constitucional conforme a la Constitución nacional y al derecho europeo.
La Comisión también recordó que el Parlamento polaco tiene atribuciones constitucionales para nombrar a los nuevos integrantes del Tribunal.
Asimismo, hizo referencia a medidas provisionales dictadas el 5 de mayo de 2026 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para impedir que se obstaculizara el ejercicio de sus funciones a jueces elegidos por el Parlamento.
El canciller polaco responde a Marine Le Pen
Las declaraciones de la dirigente francesa provocaron una respuesta del ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski.
En una publicación dirigida a Le Pen, el canciller le recordó que Polonia y Francia mantienen relaciones de amistad y cooperación, pero le pidió respetar los asuntos internos del país.
Sikorski expresó que Polonia no interviene en la política francesa y solicitó que esa actitud fuera recíproca.
La respuesta puso de manifiesto que el conflicto constitucional polaco comienza a generar enfrentamientos entre dirigentes europeos de diferentes orientaciones políticas.
¿Qué ocurrió en el Tribunal Constitucional de Polonia?
La crisis se agravó el viernes 30 de octubre, cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska ordenó apartar temporalmente de sus funciones al presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, y a su vicepresidente, Bartłomiej Sochański.
Las disposiciones establecieron una interrupción de sus actividades por un periodo inicial de un mes, mientras se determina la validez de las medidas mediante los procedimientos correspondientes.
Korwin-Piotrowska asumió la dirección provisional del organismo, invocando su condición de jueza con mayor antigüedad y las disposiciones legales que, según su interpretación, permiten sustituir temporalmente a las autoridades del Tribunal.
El sábado 31 de octubre, la magistrada también anunció restricciones de acceso al edificio y modificaciones en el funcionamiento administrativo del organismo.
Recomendó que determinados jueces desarrollaran temporalmente sus actividades fuera de la sede y estableció controles para el ingreso a las instalaciones.
La jueza justificó estas decisiones por razones de seguridad y por la necesidad de restablecer el funcionamiento institucional.
Sin embargo, Święczkowski rechazó la legalidad de las disposiciones y emitió instrucciones propias, dejando al Tribunal en medio de un enfrentamiento entre autoridades que reclaman facultades para dirigirlo.
La situación desencadenó protestas frente a la sede judicial en Varsovia, acompañadas por un importante despliegue policial.
El presidente Nawrocki denuncia una ruptura del orden constitucional
El presidente polaco, Karol Nawrocki, respaldó a las autoridades judiciales suspendidas y denunció que las actuaciones representaban una vulneración del orden constitucional.
En un comunicado oficial del 31 de octubre sostuvo que un órgano constitucional del Estado había sido tomado por la fuerza.
Nawrocki exigió el restablecimiento de la legalidad y la retirada de las fuerzas de seguridad desplegadas alrededor del Tribunal.
También informó que había consultado al presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński, quien tampoco reconocía como legales las actuaciones de quienes habían asumido el control del organismo.
Ante lo que calificó como una amenaza para la seguridad interna del país, el presidente convocó consultas urgentes con representantes de las fuerzas parlamentarias.
Donald Tusk defiende las medidas y rechaza las acusaciones
El primer ministro Donald Tusk mantiene una interpretación opuesta de los acontecimientos.
Su Gobierno sostiene que las actuaciones forman parte de un proceso necesario para recuperar la independencia judicial, después de años de controversias sobre los nombramientos realizados durante los gobiernos del partido conservador Ley y Justicia (PiS).
Tusk considera que la composición anterior del Tribunal Constitucional había comprometido su legitimidad y que las reformas son indispensables para restablecer el Estado de derecho.
El mandatario también cuestionó la intervención del presidente Nawrocki en el conflicto y defendió la obligación del Estado de garantizar la seguridad y el funcionamiento del organismo judicial.
Desde la perspectiva del Gobierno, las decisiones buscan corregir las irregularidades acumuladas en el sistema.
Por el contrario, Nawrocki y la oposición conservadora consideran que se está utilizando la reforma judicial para desplazar a las autoridades existentes y controlar políticamente una institución constitucional.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan las suspensiones
Las dudas sobre la legalidad de las medidas no se limitan a los partidos opositores.
La Fundación Helsinki para los Derechos Humanos de Polonia advirtió que las disposiciones mediante las cuales se apartó temporalmente a las autoridades del Tribunal presentan fundamentos jurídicos cuestionables.
La organización señaló que estas decisiones podrían generar un precedente peligroso para el funcionamiento de las instituciones judiciales.
No obstante, también criticó los obstáculos para que jueces elegidos legítimamente por el Parlamento pudieran ejercer sus funciones y recordó que la crisis constitucional comenzó mucho antes de los recientes acontecimientos.
Su posición refleja la complejidad del conflicto: considera necesario restaurar la legalidad del Tribunal, pero advierte que las medidas utilizadas para conseguirlo también deben respetar el marco constitucional.