Marco Rubio convoca en Washington a más de 60 países para abordar el resurgimiento del terrorismo político
La reunión ministerial se celebrará el 15 de julio y estará enfocada principalmente en las redes transnacionales vinculadas con la violencia política de extrema izquierda. Estados Unidos buscará fortalecer el intercambio de inteligencia, la cooperación policial y el rastreo de financiamiento internacional.
WASHINGTON.— El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezará el próximo miércoles 15 de julio una reunión internacional dedicada al denominado “resurgimiento del terrorismo político”, a la que fueron invitados representantes de más de 60 países de América, Europa y Asia.
La celebración del encuentro aparece confirmada en la agenda oficial del Departamento de Estado para la semana del 13 al 17 de julio, en la que se establece que Rubio será el anfitrión de la Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político en la sede de esa dependencia, en Washington.
Aunque funcionarios estadounidenses han informado que se enviaron invitaciones a más de 60 gobiernos, hasta ahora el Departamento de Estado no ha publicado una lista completa de países participantes, los nombres de las delegaciones ni el nivel de representación que tendrá cada nación.
La convocatoria se concentrará especialmente en lo que la Administración del presidente Donald Trump describe como un crecimiento de las redes violentas de extrema izquierda con vínculos internacionales, aunque Washington sostiene que sus instrumentos antiterroristas deben aplicarse contra cualquier actor que utilice la violencia con fines políticos.
Estados Unidos advierte sobre redes con vínculos transnacionales
Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, afirmó que el terrorismo político violento de extrema izquierda no constituye un fenómeno completamente nuevo, sino una amenaza que estaría reapareciendo con conexiones internacionales más fuertes y nuevas formas de coordinación.
De acuerdo con el funcionario, la falta de una respuesta internacional suficiente habría permitido que organizaciones, células e individuos violentos desarrollaran redes de apoyo, financiamiento, propaganda y cooperación entre distintos países.
Pigott sostuvo que la respuesta estadounidense pretende generar un efecto acumulativo mediante contactos diplomáticos, eventuales designaciones, programas de asistencia en materia de seguridad y una mayor coordinación con gobiernos aliados.
El vocero precisó que las acciones de Washington estarán dirigidas contra actividades que cumplan con la definición de terrorismo, entre ellas:
- asesinatos y atentados políticamente motivados;
- secuestros;
- amenazas violentas contra instalaciones gubernamentales;
- ataques contra policías y otras fuerzas del orden;
- agresiones contra infraestructura crítica;
- ataques a personal militar;
- acciones violentas contra la población civil.
Las declaraciones fueron difundidas públicamente por Pigott y por la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado, que describió el fenómeno como una amenaza antigua que resurge con “fuertes vínculos transnacionales y nuevas convergencias”.
Intercambio de inteligencia y cooperación policial
La reunión tendría como uno de sus principales objetivos reforzar el intercambio de información de inteligencia entre los países participantes, así como mejorar la cooperación entre agencias policiales, autoridades migratorias, fiscalías y organismos encargados de investigar operaciones financieras.
Una nota conceptual enviada a gobiernos invitados señala que el encuentro busca fortalecer la colaboración frente a grupos de extrema izquierda que, según la posición estadounidense, estarían recurriendo de manera creciente a la violencia organizada y letal para promover objetivos políticos.
Entre las áreas de posible cooperación se encuentran la detección de desplazamientos internacionales de sospechosos, el seguimiento de redes de financiamiento, la identificación de mecanismos de reclutamiento y la vigilancia de comunicaciones o plataformas utilizadas para coordinar acciones violentas.
También se prevé discutir la protección de instalaciones gubernamentales, infraestructura energética, sistemas de transporte, comunicaciones, instalaciones militares y otros objetivos considerados vulnerables.
La documentación preliminar citada por medios estadounidenses señala que Washington pretende establecer una cooperación más estrecha en inteligencia y aplicación de la ley. No obstante, hasta ahora no se ha anunciado si la cumbre concluirá con una declaración conjunta, un mecanismo permanente o compromisos jurídicamente vinculantes.
Encuentro vinculado con la nueva estrategia antiterrorista de Trump
La reunión ministerial se desarrollará en el contexto de la Estrategia de Contraterrorismo de Estados Unidos de 2026, presentada por la Casa Blanca en mayo.
El documento establece que el objetivo central de la política antiterrorista estadounidense es proteger a sus ciudadanos, disuadir a organizaciones violentas y debilitar el respaldo financiero, logístico o político que puedan recibir de actores extranjeros.
La estrategia reconoce lo que denomina una nueva modalidad de terrorismo interno impulsada por extremistas violentos que adoptan ideologías contrarias al sistema político y social estadounidense.
El Gobierno de Trump asegura que las operaciones contraterroristas se ejecutarán de manera “apolítica” y estarán basadas en evaluaciones reales de amenazas. También afirma que las capacidades de seguridad no deben utilizarse contra ciudadanos que únicamente expresen desacuerdos políticos o participen en actividades protegidas por la Constitución.
Sin embargo, el documento refleja una ampliación considerable de las prioridades estadounidenses. Además de organizaciones yihadistas, incluye a cárteles de la droga, redes criminales transnacionales, grupos apoyados por gobiernos extranjeros y organizaciones responsables de violencia política interna.
La extrema izquierda, en el centro de la convocatoria
Aunque el título oficial del encuentro hace referencia general al “terrorismo político”, las declaraciones del Departamento de Estado y los documentos enviados a los participantes colocan en primer plano a las organizaciones violentas de extrema izquierda.
La Administración Trump ha adoptado desde 2025 diversas medidas para investigar y desmantelar estructuras relacionadas con violencia política organizada. En septiembre de ese año, la Casa Blanca emitió un memorando que ordenó identificar y bloquear redes financieras asociadas con terrorismo interno y violencia política.
El documento instruyó al Departamento del Tesoro, al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional a utilizar herramientas financieras, judiciales y de inteligencia para rastrear recursos, detectar movimientos de dinero y llevar posibles casos ante las autoridades correspondientes.
Ese mismo mes, Trump emitió una orden para designar a Antifa como una “organización terrorista doméstica”, al acusarla de promover disturbios, ataques contra agentes federales, amenazas, divulgación de información personal y acciones destinadas a intimidar o coaccionar políticamente.
La orden instruyó a las agencias estadounidenses a investigar operaciones ilegales, fuentes de financiamiento y posibles redes de apoyo relacionadas con personas que actuaran en nombre de Antifa.
La naturaleza descentralizada de Antifa y la ausencia de una estructura internacional única y claramente identificable han provocado cuestionamientos sobre la forma en que las autoridades podrían aplicar esa designación y distinguir entre organizaciones violentas, activistas políticos y movimientos sociales legítimos.
Washington asegura que también vigilará a la extrema derecha
Funcionarios estadounidenses han señalado que la estrategia no debería limitarse exclusivamente a organizaciones de izquierda y que las autoridades también actuarán contra grupos de extrema derecha cuando promuevan atentados, amenazas, asesinatos u otras formas de violencia terrorista.
De acuerdo con la posición oficial, el elemento determinante no debe ser la orientación ideológica del responsable, sino la utilización de violencia o intimidación contra civiles, autoridades o instalaciones con el propósito de imponer objetivos políticos.
La Administración estadounidense insiste en que no pretende criminalizar las protestas, la oposición política, la libertad de expresión o la organización social pacífica.
No obstante, la marcada referencia gubernamental a la “extrema izquierda” ha generado inquietud entre especialistas y funcionarios respecto de la posibilidad de que las herramientas antiterroristas sean utilizadas de manera selectiva o partidista.
También existe preocupación por las diferencias legales entre países. Una organización considerada terrorista por un gobierno puede no estar prohibida en otro, especialmente cuando se trata de movimientos descentralizados sin dirigencia formal, membresía verificable o estructura financiera claramente identificada.
Algunos gobiernos comienzan a confirmar su asistencia
Aunque Estados Unidos no ha divulgado el listado completo de participantes, algunos gobiernos han comenzado a confirmar públicamente su presencia.
El Gobierno de Montenegro informó oficialmente que su viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Ervin Ibrahimović, viajará a Estados Unidos del 15 al 17 de julio para participar en la reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político en Washington.
Reportes internacionales señalan que las invitaciones fueron dirigidas a ministros de Relaciones Exteriores, ministros del Interior, responsables de seguridad y funcionarios con atribuciones en contraterrorismo.
La presencia confirmada de Montenegro demuestra que la convocatoria sí fue transmitida formalmente a gobiernos extranjeros. Sin embargo, continúa sin conocerse qué países de América Latina asistirán, si México recibió una invitación o qué funcionario podría representar al Gobierno mexicano.