Lilly Téllez exige al Senador Enrique Inzunza solicite licencia inmediata a su cargo
La senadora panista Lilly Téllez presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo de urgente resolución para exigir que el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez solicite licencia inmediata a su cargo y enfrente las acusaciones formuladas en su contra por autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con el documento, la petición surge luego de que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentara el pasado 29 de abril de 2026 una acusación formal contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya y el propio Inzunza Cázarez, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de "Los Chapitos".
El texto señala que las autoridades estadounidenses acusan al senador de haber fungido como enlace político entre líderes criminales y el gobierno de Sinaloa, así como de participar en acuerdos de protección institucional al narcotráfico, incluyendo el control de corporaciones policiacas estatales.
Además, enfrenta señalamientos relacionados con conspiración para tráfico de drogas y posesión de armamento, delitos que en Estados Unidos podrían implicar penas de hasta cadena perpetua.
La propuesta legislativa sostiene que el fuero parlamentario no debe utilizarse como mecanismo de protección ante acusaciones de esta magnitud y advierte que la permanencia de Inzunza en el Senado compromete la credibilidad institucional de la Cámara Alta.
También destaca que otros funcionarios señalados en el mismo expediente, como Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, ya solicitaron licencia temporal a sus cargos.
El Punto de Acuerdo concluye con un exhorto formal para que Enrique Inzunza Cázarez abandone temporalmente su escaño en el Senado y enfrente "con plena transparencia y responsabilidad" las acusaciones por presuntos delitos de narcotráfico, conspiración con el Cártel de Sinaloa y delitos relacionados con armas de fuego.
PUNTO DE ACUERDO
SEN. LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
P R E S E N T E.
Lilly Téllez, Senadora de la República por el Estado de Sonora en la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones jurídicas aplicables, me permito someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al senador Enrique Inzunza Cázarez a solicitar licencia como integrante de la LXVI Legislatura y separarse de sus funciones parlamentarias, a fin de que se ponga a disposición de las autoridades competentes y enfrente las acusaciones en su contra, en estricto apego a los principios constitucionales de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
- El Senado de la República, como máxima representación del pacto federal y auténtica Casa de la República, exige que sus integrantes ejerzan sus funciones con absoluto apego a la probidad, la legalidad y la transparencia.
- Ningún cargo público debe convertirse en refugio para eludir responsabilidades jurídicas, ni la inmunidad parlamentaria debe transformarse en un escudo de impunidad.
Este principio resulta aún más perentorio cuando las acusaciones en contra de un legislador provienen de una acusación formal presentada ante un tribunal federal extranjero y versan sobre los delitos más graves que pueden comprometer la seguridad pública de dos naciones. - El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos contra diez funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, a cambio de sobornos y protección política.
- El senador Enrique Inzunza Cázarez es actualmente integrante de la LXVI Legislatura del Senado de la República, cargo al que llegó en septiembre de 2024 como candidato de la coalición Morena-PT-PVEM por el estado de Sinaloa.
Con anterioridad, se desempeñó como Secretario General del Gobierno de Sinaloa de noviembre de 2021 a febrero de 2024, bajo el mandato del hoy también acusado gobernador Rubén Rocha Moya, cargo desde el cual, según la acusación estadounidense, habría operado como pieza central del esquema de colusión con el crimen organizado. - Los cargos específicos imputados al senador Inzunza Cázarez por las autoridades estadounidenses son de la mayor gravedad y comprenden, entre otros:
5.1. Haber actuado como enlace entre los líderes de “Los Chapitos” y el gobernador Rubén Rocha Moya, transmitiendo comunicaciones y acuerdos relativos al apoyo electoral que la organización criminal brindó para asegurar la elección de Rocha Moya como gobernador.
5.2. Haberse reunido, junto con Rocha Moya, con líderes del Cártel de Sinaloa, incluyendo a “Los Chapitos”, y haber acordado planes específicos para que el Gobierno de Sinaloa apoyara y protegiera al cártel a cambio de favores, entre ellos el control de la Policía Estatal de Sinaloa, lo que habría permitido al cártel llevar a cabo sus operaciones de tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina sin interferencia de las autoridades.
5.3. Haber contribuido activamente a la instalación de funcionarios corruptos en corporaciones de seguridad del estado, con el propósito específico de proteger las operaciones de tráfico de drogas de “Los Chapitos”.
5.4. Conspiración para importar narcóticos a los Estados Unidos, así como cargos relacionados con la posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, delitos que, de probarse, conllevan una pena mínima de cuarenta años de prisión y hasta cadena perpetua conforme a la legislación estadounidense.
6.La gravedad de estas acusaciones es insoslayable. No se trata de señalamientos genéricos ni de denuncias ciudadanas sin sustento: son imputaciones formales presentadas ante un tribunal federal de los Estados Unidos, elaboradas por fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York, con base en investigaciones de inteligencia que documentan, según el expediente, reuniones, acuerdos y acciones concretas en las que el senador Inzunza Cázarez habría participado en lo individual.
- Este caso reviste una dimensión institucional inédita y de máxima trascendencia. La acusación comprende a quien fue el segundo funcionario más importante del ejecutivo estatal de Sinaloa, en el cargo de Secretario General de Gobierno, y que hoy ostenta la investidura de senador de la República.
La confluencia de ambas posiciones, la que ocupó cuando supuestamente operó el esquema de corrupción y la que hoy detenta, convierte su permanencia en el cargo en un conflicto de interés de primer orden para la credibilidad del Senado. - A diferencia de otros acusados en el mismo expediente que han actuado con responsabilidad institucional como el propio gobernador Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia temporal de su cargo ante el Congreso de Sinaloa el 2 de mayo de 2026, o el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien también pidió licencia provisional el 1 de mayo, el senador Inzunza Cázarez no solo no ha dado ese paso, sino que ha manifestado su intención de continuar ejerciendo su encargo parlamentario y de "refutar las acusaciones desde el recto ejercicio de su cargo de Senador de la República" .
- Esta postura resulta constitucionalmente inaceptable. El principio establecido en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es claro: todo servidor público es responsable por los actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones.
Utilizar la investidura e inmunidad parlamentaria como plataforma y escudo simultáneos frente a acusaciones de tal envergadura desnaturaliza la función representativa y afecta más la credibilidad del Senado. - Diversas fuentes periodísticas refuerzan la urgencia del presente exhorto dado que, según se informa, los abogados del senador Inzunza Cázarez han iniciado gestiones ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, orientadas a que el legislador sea incorporado como testigo cooperante.
Esta situación revela que su entorno jurídico más cercano estima que la acusación tiene sustancia suficiente como para negociar con las autoridades del país que la formuló.
Esta circunstancia no puede ser ignorada por el Senado de la República. - La Fiscalía General de la República ha recibido la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por el Gobierno de los Estados Unidos respecto de los acusados, incluyendo al senador Inzunza Cázarez, y ha señalado que analizará las pruebas remitidas para determinar la procedencia legal de las mismas.
La permanencia del senador en funciones, con fuero constitucional vigente, no puede interferir ni condicionar dicha investigación. - La permanencia en el cargo del senador Inzunza Cázarez compromete seriamente la legitimidad de la Cámara de Senadores, la cual tiene la obligación constitucional de ser ejemplo de probidad y transparencia ante la ciudadanía.
La gravedad de los delitos imputados como narcotráfico, conspiración con organizaciones terroristas designadas como tales por el Gobierno de los Estados Unidos, y posesión de armamento de uso exclusivo excede con mucho el umbral que tolera la decencia republicana. - La justicia, la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la erradicación de la impunidad son principios ineludibles en toda democracia constitucional, que no admiten excepciones ni privilegios para quienes ostentan un cargo de representación popular.
- La ciudadanía de Sinaloa y de todo México tiene derecho a exigir que sus representantes enfrenten con plena transparencia los señalamientos en su contra y que no utilicen el cargo para blindarse frente a la acción de la justicia.
- En consecuencia, se considera indispensable que el senador Enrique Inzunza Cázarez:
15.1. Solicite licencia inmediata a su escaño en el Senado de la República, a fin de que las investigaciones tanto de la Fiscalía General de la República como de cualquier autoridad competente se realicen con plena independencia y sin que el fuero parlamentario pueda ser invocado como obstáculo procesal.
15.2. Se ponga de inmediato a disposición de la Fiscalía General de la República y de todas las autoridades competentes del Estado mexicano, aportando toda la información, documentación y pruebas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos imputados.
15.3. Se conduzca con apego al principio constitucional de transparencia y rendición de cuentas, renunciando a utilizar la inmunidad parlamentaria como mecanismo de protección o dilación frente a las acusaciones en su contra.
- El Senado no puede convertirse en un refugio de impunidad. Esta Cámara es la Casa de la República, y como tal, sus integrantes deben ser los primeros en honrar el mandato que la Nación les confirió.
Si el propio gobernador acusado en el mismo expediente, al menos, tuvo la mínima responsabilidad de apartarse de su cargo, no hay razón constitucional ni moral alguna para que el senador Inzunza Cázarez actúe de manera distinta. - De esta forma, el senador Inzunza Cázarez podrá enfrentar con responsabilidad las acusaciones en su contra, y la Cámara de Senadores mantendrá la eficacia, probidad y legitimidad que la Constitución le impone como órgano rector del pacto federal.
- El presente exhorto recoge las exigencias ciudadanas y da sentido al juramento que el propio senador rindió al asumir su cargo: guardar y hacer guardar la Constitución y mirar en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si no lo hace, como dicta la fórmula solemne, "que la Nación se lo demande".
- Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta con firmeza al senador Enrique Inzunza Cázarez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, a que solicite licencia inmediata a su cargo y se separe de toda función parlamentaria, a fin de ponerse a disposición de la Fiscalía General de la República y de todas las autoridades competentes del Estado mexicano, y enfrentar, con plena transparencia y responsabilidad, las acusaciones formales presentadas en su contra ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, relativas a narcotráfico, conspiración con el Cártel de Sinaloa y delitos relacionados con armas de fuego.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 4 de mayo de 2026.
ATENTAMENTE
LILLY TÉLLEZ SENADORA DE LA REPÚBLICA
Notas al pie: