Ley Aduanera: endurecen controles y multas para hidrocarburos y petrolíferos
Por redacción
La Comisión de Hacienda aprobó cambios en la Ley Aduanera para combatir la subvaluación; las autoridades podrán aplicar embargo precautorio y establecerán los porcentajes por tipo de mercancía.
La Comisión aprobó reformas a la Ley Aduanera para fortalecer el combate a la subvaluación de mercancías y ampliar las facultades de la autoridad para revisar operaciones de comercio exterior.
Uno de los principales cambios modifica las reglas del embargo precautorio, al eliminar el actual umbral de 50% para determinadas diferencias entre el valor declarado en el pedimento y el valor de transacción de mercancías idénticas o similares.
Sin embargo, el nuevo esquema no implica que cualquier diferencia de valor derive automáticamente en el aseguramiento de mercancías. El dictamen establece que las autoridades aduaneras deberán determinar, mediante disposiciones que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación antes del 31 de diciembre de 2026, los porcentajes que se aplicarán para activar el embargo precautorio según el tipo de mercancía.
De acuerdo con el dictamen, cuando la diferencia sea menor a 20%, el interesado podrá solicitar la sustitución del embargo mediante depósito en efectivo o cuenta aduanera de garantía. Cuando la diferencia sea igual o superior a 20%, podrá solicitarse la sustitución mediante depósito en efectivo.
Además, la reforma faculta a las autoridades para realizar comprobaciones de oficio cuando el valor declarado sea inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares, conforme a los artículos 72 y 73 de la Ley Aduanera.
El alcance del embargo podrá variar según la mercancía. Para ello, el segundo artículo transitorio establece que las autoridades aduaneras deberán definir mediante disposiciones específicas los porcentajes del valor declarado que deberán considerarse para aplicar el embargo precautorio.
En paralelo, los legisladores redujeron de 50 a 20% el límite de diferencia de valor previsto para la presunción de infracción contemplada en el artículo 177, fracción XII.
En la discusión en lo particular, la Comisión aprobó además una reserva para establecer que, cuando las infracciones involucren hidrocarburos y petrolíferos, se aplicará una multa de 50 a 100% del valor comercial de las mercancías.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, explicó que la reforma busca fortalecer el control aduanero, proteger el interés fiscal y combatir operaciones en las que se declaren valores artificialmente bajos, sin crear nuevas contribuciones.
El dictamen también contempla mecanismos para liberar las mercancías y las garantías cuando el importador acredite su legal estancia o tenencia, desvirtúe las causas del embargo o demuestre que el valor declarado fue determinado conforme a la legislación.
El proyecto fue aprobado en lo general con 27 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones. En lo particular, la reserva sobre las sanciones aplicables a hidrocarburos y petrolíferos obtuvo 32 votos a favor.
Durante la discusión, Morena, PVEM y PT defendieron la reforma como una herramienta para proteger la recaudación, combatir la competencia desleal y evitar que mercancías subvaluadas afecten a productores nacionales.
La oposición coincidió en la necesidad de combatir la subvaluación, pero advirtió sobre los efectos que podrían tener los nuevos mecanismos de embargo sobre empresas que cumplen con sus obligaciones.
El priista Jericó Abramo Masso sostuvo que el endurecimiento de los controles puede generar riesgos operativos y sobrecostos para el comercio exterior. Advirtió que eliminar los umbrales podría permitir la retención de mercancías por discrepancias de valor que no necesariamente impliquen una conducta ilegal.
La diputada Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, también cuestionó que se amplíe la posibilidad de embargar mercancías sin incorporar suficientes garantías para los importadores y pidió controles verificables y responsabilidades claras.
Las nuevas disposiciones deberán publicarse a más tardar el 31 de diciembre de 2026 y las reformas entrarían en vigor el 1 de enero de 2027.