Las leyes de México tienen un nuevo objetivo: los periodistas
Los periodistas Emiliano Rodríguez Mega y Paulina Villegas de The New York Times denunciaron casos de acoso y persecución contra periodistas en México.
En un extenso articulo publicado en el periódico neoyorquino, citan el caso de la gobernadora de Campeche Layda Sansores y el uso de jueces y fiscales para poner de rodillas a los comunicadores.
El texto en el NYT es el siguiente:
Las leyes de México tienen un nuevo objetivo: los periodistas
-Políticos y funcionarios mexicanos están utilizando las leyes del país para intimidar a críticos y medios de comunicación, obligándolos a autocensurarse y limitando el escrutinio público.
Por Emiliano Rodríguez Mega y Paulina Villegas
The New York Times
Los fiscales estatales acusaron a un periodista de terrorismo debido a sus reportajes. Un tribunal ordenó a un columnista eliminar un artículo que vinculaba a un candidato con redes criminales. Un juez prohibió a un periódico mencionar a una gobernadora, salvo que el contenido fuera revisado previamente por un supervisor judicial.
Estos ejemplos ocurridos durante el último año forman parte de una tendencia creciente en México: políticos y funcionarios recurren cada vez más a las leyes para demandar, multar y hostigar a críticos y periodistas, según organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
Casos civiles, penales y electorales han acusado a periodistas de violar leyes sobre terrorismo, regulaciones relacionadas con la inteligencia artificial o disposiciones destinadas a proteger a mujeres políticas contra la discriminación.
México ha sido durante mucho tiempo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con cerca de 180 periodistas asesinados desde el año 2000. Ahora, la prensa mexicana enfrenta un nuevo obstáculo: menos visible que las amenazas de muerte y las balas, pero igualmente capaz de silenciar voces críticas.
Expertos y periodistas afirman que estas tácticas han llevado a algunos comunicadores a autocensurarse o evitar cubrir determinados temas o figuras políticas por miedo a la ruina financiera, litigios interminables o incluso prisión.
«Lo que estamos viendo es a funcionarios activando el aparato judicial para intimidar», señaló Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19. «No para reparar un supuesto daño a su honor o reputación, sino para someter a los periodistas a un prolongado desgaste».
Los defensores de estas leyes sostienen que su aplicación es legítima. La senadora Martha Lucía Mícher, integrante de Morena y una de las impulsoras del marco legal contra la violencia de género, rechazó que estas disposiciones estén siendo utilizadas para silenciar la disidencia.
«Hay un periodismo muy fiel a sus principios», afirmó. «Pero también existe un periodismo —con todo respeto— muy misógino».
Mícher aseguró que está abierta a revisar la manera en que se resuelven estos casos.
«No estamos abusando de estas leyes. Nosotras somos las víctimas», dijo.
Sin embargo, la Sociedad Interamericana de Prensa colocó este año por primera vez a México en la categoría de «alta restricción» de su índice de libertad de expresión, citando el incremento en el uso de demandas y otras herramientas legales para silenciar las críticas.
Artículo 19 documentó 69 casos de este tipo durante 2025, una cifra récord y más del triple respecto al año anterior. La mayoría de los litigios fueron promovidos por partidos políticos, candidatos o funcionarios públicos.
Paulina Gutiérrez, directora ejecutiva de la organización R3D, afirmó que México vive «un abuso flagrante de estas herramientas legales» y que la deficiente redacción de algunas leyes permite a jueces y figuras públicas explotarlas.
- Una relación complicada
La relación entre las autoridades mexicanas y la prensa ha sido históricamente compleja.
Durante décadas, bajo el régimen de partido único, muchos periodistas no fiscalizaban al poder, sino que colaboraban con él a cambio de sobornos o apoyos gubernamentales. Una prensa más independiente surgió a partir de los años noventa.
Con el tiempo, esa libertad provocó crecientes tensiones entre periodistas, corrupción gubernamental y crimen organizado.
Durante algunas administraciones, el gobierno gastó cientos de millones de dólares en publicidad oficial, convirtiéndose en una fuente tan importante para los medios que los funcionarios podían influir en portadas o frenar investigaciones.
Ese gasto disminuyó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En cambio, el expresidente instauró sus conferencias matutinas, desde donde conectó con sus simpatizantes y marcó la agenda informativa, pero también desacreditó y ridiculizó regularmente a periodistas críticos, incluso revelando ingresos personales o exponiéndolos públicamente.
Su sucesora y protegida política, Claudia Sheinbaum, ha adoptado un tono menos confrontativo y suele defender la libertad de prensa.
«Si un periodista ha cometido un delito, debe ser tratado como cualquier otra persona», dijo en enero. «Pero siempre debemos priorizar la libertad de expresión por encima de todo».
Sin embargo, también ha defendido a integrantes de Morena que utilizan el sistema judicial contra periodistas y, en mayo, llamó al boicot contra un conglomerado mediático que se negó a pagar impuestos y que ha mantenido una cobertura crítica de su administración.
«No es censura, es una opinión», declaró. «No estoy utilizando el poder del Estado para censurar a una televisora».
Según especialistas, la estigmatización proveniente de los líderes políticos ha alentado a otros a recurrir a represalias legales.
- Una nueva herramienta de censura
Todo comenzó con una caricatura radiofónica de un minuto.
Tres hermanos pedían a su influyente padre que les comprara candidaturas para las elecciones de 2024. El material, transmitido por Radio Teocelo, no mencionaba nombres, partidos ni lugares específicos.
Sin embargo, Mara Chama Villa, candidata del Partido Verde Ecologista de México y cuyo padre había sido alcalde de Teocelo, Veracruz, consideró que estaba dirigida contra ella y presentó una denuncia.
En abril de 2025, un tribunal federal determinó que cinco periodistas habían cometido violencia política de género por «minimizar» a Chama Villa al subordinarla a una figura masculina con poder político.
Las sanciones incluyeron multas, disculpas públicas obligatorias, eliminación de artículos y del programa radiofónico, además de la inscripción de los comunicadores en un registro nacional de agresores.
«Escuchamos mucho sobre libertad de expresión y derecho a la información, pero eso es letra muerta», afirmó Élfego Riveros, periodista de Radio Teocelo.
- Acusado de terrorismo
En Nochebuena, Rafael León, reportero de nota roja en Coatzacoalcos, Veracruz, creyó que estaba siendo secuestrado cuando hombres armados lo sacaron de su automóvil.
En realidad estaba siendo arrestado.
La Fiscalía de Veracruz lo acusó de terrorismo, argumentando que sus reportajes sobre los cárteles provocaban pánico entre la población. También lo acusó de obstrucción y de recibir sobornos del crimen organizado.
Después de que Claudia Sheinbaum cuestionara públicamente la base jurídica de la acusación, el cargo de terrorismo fue retirado.
León pasó casi un mes bajo arresto domiciliario y aún enfrenta otros procesos.
«El miedo no se ha ido», confesó. «La gente lo nota. Dicen que ya no soy el mismo».
- Presión económica y judicial
El periódico Tribuna de Campeche fue uno de los cinco diarios impresos que abandonaron su edición física y pasaron al formato digital debido a presiones financieras y legales.
Su exdirector, Jorge Luis González, aseguró que la gobernadora Layda Sansores hostigó al medio mediante auditorías fiscales, demandas y retiro de publicidad oficial.
El verano pasado, un juez prohibió a González publicar información sobre Sansores y ordenó que cualquier contenido relacionado con ella fuera revisado previamente por un supervisor judicial. La medida no entró en vigor debido a un amparo presentado por la defensa.
Pese a ello, Claudia Sheinbaum minimizó las preocupaciones sobre la libertad de prensa.
«¿Dónde está la censura en México?», preguntó ante periodistas. «Todo el mundo puede decir lo que quiera y nadie es perseguido».
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Emiliano Rodríguez Mega es reportero e investigador de The New York Times en Ciudad de México.
Paulina Villegas es reportera del mismo diario y cubre organizaciones criminales, narcotráfico y otros asuntos que afectan a la región.