La Voz de Camila. Las élites contra el Plan B. Por Camila Martínez Gutiérrez

Durante décadas, la política en México se organizó bajo esquemas donde los cargos públicos también funcionaban como espacios de negociación entre grupos políticos.

Lo que no suena lógico, dice el dicho, suena metálico. Y lo cierto es que los partidos de oposición no han terminado de explicar por qué cada que hay una propuesta para poner límites al gasto de las burocracias políticas deciden oponerse de manera tan férrea.

Y esa imposibilidad de explicarlo es sustantiva. Una tras otra, cada vez que hay una propuesta deciden desviar el debate hacia temas procedimentales o noticias. Pero cuando se revisa con detenimiento la evidencia de que México es uno de los sistemas electorales más caros del mundo, urge que la discusión sea sobre el tipo de democracia que queremos.

Ante ese panorama no bastan los conceptos abstractos, hay que ser claros: ¿Por qué cuesta tan cara la burocracia mexicana? ¿A quién beneficia que sea así?¿Cómo es posible que países con mucho mejores indicadores y confianza tengan sistemas hasta 10 veces más baratos que el nuestro? Nos vendieron una idea falsa de que los mexicanos somos intrínsecamente corruptos y que el remedio que nos propusieron fue generar mucha burocracia para vigilar y frenar eso. Qué conveniente, ¿no?

Durante décadas, la política en México se organizó bajo esquemas donde los cargos públicos también funcionaban como espacios de negociación entre grupos políticos. En muchos casos, el número de posiciones disponibles permitía acomodar acuerdos y responder a compromisos electorales.

El problema real es que esos acuerdos terminaron generando estructuras de cuotas sin ningún tipo de parámetro de proporcionalidad. Por ejemplo: hoy en nuestro país existen municipios donde un regidor representa a alrededor de 2 mil personas, mientras que en otros representa a más de 233 mil. Es decir, más de 100 veces la diferencia.

Hoy existen municipios que tienen hasta 25 regidores. A eso multipliquemos el costo asociado a salarios, equipos de trabajo y el funcionamiento de los cabildos. Porque ojo: en distintos municipios del país existen regidores cuyos ingresos superan incluso los de diputados locales. Este fenómeno se repite en diferentes niveles de gobierno, lo que sugiere que no se trata de casos aislados, sino de una lógica estructural que se impuso por años.

En los congresos locales, las diferencias también son enormes. Hay estados donde el costo de un legislador puede ser hasta 10 veces mayor que en otras entidades, como es el caso de Baja California —donde cada diputado cuesta 35 millones— frente a Colima —donde cuestan solo 5 millones—.

En la Ciudad de México, por ejemplo, se estima que cada diputado tiene un costo cercano a los 28 millones de pesos. ¿Eso se traduce en mejores iniciativas, mayor bienestar, mejor rendimiento de representación? La respuesta es no, no hay indicadores que lo avalen.

Y mientras esto sucede, en colonias, barrios y municipios de toda la República las demandas ciudadanas siguen siendo las mismas. Las prioridades: sentirse seguros con alumbrado público, la demanda de acceso al agua, el mantenimiento urbano, servicios básicos que mejoren la calidad de vida. Ahí es donde debería estar la prioridad en el gasto.

En este contexto se plantea el Plan B de la reforma electoral. Para explicarla de manera sencilla: propone intervenir algunos de los elementos que han contribuido a que el sistema electoral se encuentre en este estado:

En primer lugar, plantea establecer límites al número de regidores, así como al gasto de los congresos locales y al presupuesto del Senado, que se reduciría paulatinamente hasta llegar a 15% menos. También contempla la regulación de los sueldos dentro de las autoridades electorales para que no ganen más que la Presidenta —como, por cierto, ya estaba establecido en la Constitución—. La lógica es clara: evitar que el tamaño y los costos de la estructura política crezcan sin control.

En segundo lugar, propone modernizar los procesos electorales y hacerlos más rápidos, particularmente el cómputo de resultados, mediante el uso de tecnologías que permitan mayor rapidez y eficiencia. Este punto tiene implicaciones importantes en términos de certeza electoral.

En tercer lugar, el Plan B busca fortalecer la participación ciudadana a través de mecanismos como la revocación de mandato, ampliando las condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer este derecho tanto en el tercer como en el cuarto año de gobierno.

Por último, se incluyen medidas orientadas a combatir el uso de dinero ilícito en las campañas, mediante la coordinación entre autoridades electorales y financieras para fiscalizar en tiempo real. Este es un punto particularmente relevante en un contexto donde la infiltración de recursos ilegales en la política representa un riesgo creciente.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la implementación del Plan B generaría un ahorro cercano a los 4 mil millones de pesos. Sin embargo, es importante señalar que el ahorro por sí solo no garantiza una mejora en las condiciones de vida. Lo fundamental es cómo se asignan y utilizan esos recursos, y si efectivamente se traducen en beneficios concretos para la población. La propuesta de esta iniciativa es que se queden en estados y municipios para la generación de infraestructura, ahí en esas necesidades cercanas que el pueblo pide.

Esa es la propuesta del Plan B, que abre la puerta a empezar a revisar inercias en las malas prácticas de la burocracia y asumir que los sistemas políticos deben supervisarse y limitarse para impedir que se conviertan en espacios de cooptación de quienes los administran. Sin duda es una discusión necesaria si se quiere dejar el viejo modelo de cuotas y avanzar hacia un modelo que combine representación efectiva, eficiencia en el uso de recursos y una democracia que esté al servicio del pueblo y no de un puñado.

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