La Opinión de Carolina Viggiano. Las borradas. Por Alma Carolina Viggiano Austria

El feminicidio se llamó así porque “homicidio” no bastaba. El asesinato de mujeres se presentó durante años como crimen pasional o tragedia privada.

“Lo que no se nombra no existe”, dijo la Presidenta. Por eso debemos preguntarnos qué ocurre cuando una ley contra el feminicidio difumina la categoría de mujer, mezcla violencias y no garantiza recursos.

El feminicidio se llamó así porque “homicidio” no bastaba. El asesinato de mujeres se presentó durante años como crimen pasional o tragedia privada. El feminismo logró que el Estado reconociera una violencia estructural, fundada en la desigualdad y el dominio sobre la vida de las mujeres.

En 2011, junto con tres compañeras más, de distintas fuerzas políticas, promovimos la iniciativa que llevó a incorporar el tipo penal federal de feminicidio en 2012. Nombrar a las mujeres no fue un accidente gramatical: fue reconocer por qué las mataban y obligar al Estado a investigarlo.

La iniciativa de Ley General contra el Feminicidio parte de un objetivo correcto: homologar la respuesta estatal. Pero la buena intención no sustituye la técnica legislativa ni el cumplimiento.

Definir “mujer” como “toda persona que se identifique como mujer” es circular. En una ley penal con penas de hasta setenta años, las categorías deben ser claras. No para negar protección a nadie, sino para que el Estado sepa qué investiga, registra y previene.

El proyecto menciona el sexo al prohibir la discriminación, pero lo omite entre sus principios. Incorpora violencias motivadas por orientación, identidad o expresión de género. Todas deben castigarse; pero el Estado debe distinguirlas y registrarlas.

Cuando las categorías se diluyen, se diluyen las estadísticas, el diagnóstico, el presupuesto y la responsabilidad pública. Proteger a todas las víctimas exige ver cada realidad; no fundirlas en una sola.

La frase también interpela a la Presidenta. Que debe nombrar a las madres buscadoras, a las desaparecidas y a las mujeres asesinadas no es un asunto incómodo que pueda dejar fuera del discurso. Cada madre que busca exhibe que el Estado no buscó lo suficiente. La obliga a nombrarlas y a responder con Justicia.

Hay otra contradicción: la iniciativa reproduce obligaciones que ya prevé la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. México no carece de leyes; carece de un Estado que haga valer las que ya tiene.

Con tanta impunidad, tampoco basta anunciar penas altísimas. Una pena de setenta años no disuade si no hay investigación, detención y sentencia. La certeza del castigo importa más que su severidad. Esta ley debe exigir investigaciones rigurosas, fiscalías con recursos y control judicial de cualquier reclasificación que borre la hipótesis de feminicidio. Sin presupuesto, una fiscalía es un letrero; una ley, una promesa.

Morena convoca a foros mientras adelanta que no cambiará una coma. Un foro que no puede modificar el texto no es deliberación: es simulación.

El feminicidio no comienza con el asesinato. Es el final de una cadena de violencia, impunidad y omisiones. Lo que no se nombra no existe. Lo que no se mide no se atiende. Lo que no se financia no se cumple. Las mujeres no podemos quedar borradas de la definición, de la estadística, del presupuesto ni del debate.

Ojalá que para esta iniciativa lleguemos todas.

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