La Opinión de Carolina Viggiano. El INE no se salva solo con una renuncia. Por Alma Carolina Viggiano Austria
La investigación debe alcanzar contratos y nombramientos del INE, sus áreas de administración y control y los OPLES donde existan señalamientos de manipulación para colocar perfiles afines.
La salida de Taddei es indispensable, pero no resuelve todo. Ningún árbitro puede recuperar la confianza si sus decisiones, contratos y nombramientos están bajo la sombra de vínculos privados o intereses políticos.
No se trata de su vida personal. Se trata de decisiones públicas. Hay reportajes, audios, videos, fotografías y documentos que obligan a investigar los presuntos vínculos entre el entorno de la Presidencia y proveedores del Instituto. La ASF debe revisar contratos y decisiones. El INE no recuperará credibilidad con una Presidencia que concentró facultades y redujo contrapesos.
Para entender la gravedad de lo que está en juego hay que revisar el origen. Bajo Taddei, el INE avaló que Morena y sus aliados ocuparan 364 de las 500 diputaciones: 72.8% de la Cámara.
Esa sobrerrepresentación permitió al oficialismo reformar la Constitución sin construir acuerdos. Con esa mayoría, Morena modificó la ley para que la Presidencia del INE designara directamente a directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas. Antes, esos nombramientos requerían el voto de al menos ocho consejerías. El propio Consejo General impugnó esa concentración. La factura de aquella sobrerrepresentación fue un INE menos colegiado y una Presidencia con superpoderes.
México ya vivió crisis de confianza electoral. En 1994, frente a la desconfianza, se crearon los consejeros ciudadanos, elegidos por dos tercios de la Cámara y con mayoría de votos. Tras 2006, la reforma de 2007 nombró a un nuevo presidente y estableció una renovación escalonada del Consejo. En ambos casos, la respuesta fue abrir la institución a contrapesos, no cerrarla en torno a una persona.
Esa es la diferencia entre una visión de Estado y una visión de partido: no se protege a las personas ni se niegan las dudas; se defiende la institución para que recupere la confianza de todos.
La investigación debe alcanzar contratos y nombramientos del INE, sus áreas de administración y control y los OPLES donde existan señalamientos de manipulación para colocar perfiles afines. También deben revisarse los contratos otorgados por esos organismos, la licitación de la Credencial para Votar y cualquier posible vínculo entre sus ganadores y esa red de proveedores.
Hay otro punto delicado: las boletas y materiales electorales se imprimen en Talleres Gráficos de México, una entidad gubernamental. Cuando el árbitro enfrenta una crisis de credibilidad, no bastan promesas de seguridad. Debe vigilarse el papel, los folios, las placas, el número de boletas, su traslado, resguardo y destrucción. La democracia no se sostiene con actos de fe, sino con procesos verificables.
También hay que saber quiénes asistieron a las celebraciones organizadas por el proveedor: qué cargos tenían, qué decisiones tomaron, qué contratos autorizaron o supervisaron y si recibieron beneficios. No se cuestiona una convivencia privada; se cuestiona que quien busca o recibe contratos públicos agasaje a quienes deciden, administran o vigilan esos recursos.
El INE no puede ser botín de quien gobierna. Debe volver a ser el árbitro de todos.
@caroviggiano
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