La Opinión de Carolina Vigggiano. El ahorro de los trabajadores exige cuentas. Por Alma Carolina Viggiano Austria
La dimensión exige transparencia. Registros periodísticos documentan 197 contratos llave en mano de Infonavit Constructora. Sólo 149 publican el monto: 89 mil 990 millones de pesos.
México necesita vivienda asequible. Nadie lo discute. Pero una política social no autoriza disponer sin información suficiente del ahorro de millones de trabajadores.
El dinero del Infonavit no es la caja chica del gobierno ni el patrimonio de un partido. Es un derecho que nace del trabajo. Al usarlo para construir casas, cada peso debe poder rastrearse: qué empresa lo recibió, por qué fue elegida, qué se le pagó, qué obra ejecutó y cuántas familias viven allí con servicios suficientes. Más aún cuando, al cierre de septiembre, el Instituto reportó morosidad de 21.04 por ciento.
La dimensión exige transparencia. Registros periodísticos documentan 197 contratos llave en mano de Infonavit Constructora. Sólo 149 publican el monto: 89 mil 990 millones de pesos. Los otros 48 lo omiten. No es prueba de desvío, pero sí motivo para exigir transparencia total. La opacidad se documenta y se audita.
Los números no pueden mezclarse. Al cierre de septiembre, la filial reportó 5 mil 097 viviendas entregadas en 38 proyectos de 14 estados. Cada contrato debe informar anuncio, contratación, terminación, entrega y habitabilidad, con costo y fecha. Una vivienda anunciada no es una terminada; y una terminada no garantiza el derecho a la vivienda sin agua, drenaje, electricidad, transporte, escuelas y hospitales. La propaganda no puede convertir promesas en logros.
Octavio Romero Oropeza llegó desde Pemex y ahí dejó muy mal precedente, hoy es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Eso no lo condena pero tampoco sustituye una investigación y ahora en el Infonavit exige competencia real, contratos íntegros, auditorías y resultados verificables. Con el ahorro de los trabajadores no se pide confianza ciega.
En Hidalgo, dos expedientes ameritan revisión. AGICRESA recibió 993.9 millones de pesos para construir mil 808 viviendas en Zempoala; sus socios son hermanos del diputado federal de Morena Ricardo Crespo.
DAZNA obtuvo mil 152 millones para mil 920 viviendas en Tepeji del Río; reportes periodísticos señalan vínculos empresariales entre su representante legal y Miguel Ángel Tello Ludlow, padre de Miguel Ángel Tello Vargas, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva de Hidalgo. Juntos superan 2 mil 145 millones de pesos.
Ninguno de esos vínculos acredita por sí mismo una ilegalidad, pero obliga a responder: ¿cómo se seleccionaron las empresas?, ¿qué competencia hubo?, ¿quién evaluó los precios?, ¿quiénes son los beneficiarios finales?, ¿se previnieron conflictos de interés? El parentesco no condena; la opacidad exige esclarecimiento.
¿Tendrán ciudad alrededor? En Prados de San Cristóbal, Mineral de la Reforma, vecinos reportaron daños en vialidades y alumbrado por la obra de 704 viviendas. Tras protestar, lograron el compromiso de reparar 22 luminarias y un tramo de pavimento. Una vivienda digna no se mide sólo por sus muros.
El artículo 71 de la Ley de Vivienda obliga a la Sedatu a promover agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica en toda acción habitacional, y a las autoridades a verificarlo. Sin agua, drenaje, movilidad y servicios, no hay derecho a la vivienda: hay familias aisladas.
Construir vivienda es necesario. Rendir cuentas, obligatorio. Los trabajadores merecen contratos y anexos públicos, criterios de selección, avances físico-financieros, factibilidades de servicios y viviendas habitables. La vivienda es un derecho, no una coartada para la opacidad. Con el ahorro de los trabajadores no se firma una carta blanca: se rinden cuentas.
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