La CIDH emplazó a México a responder sobre la reforma judicial
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó a 65 jueces, juezas, magistrados y magistradas que presentó su petición contra la reforma judicial al gobierno de México, otorgándole un plazo inicial de tres meses, prorrogable hasta un máximo de cuatro meses, para que responda con observaciones.
Esto se enmarca en el artículo 30 / 3 del Reglamento Interno de la CIDH, y tras ese período, la Comisión evaluará si difiere el examen de admisibilidad para priorizar el fondo del caso, considerando la "urgencia y gravedad".
La petición original se presentó en abril de 2025 por juzgadores que alegan violaciones a derechos como la independencia judicial, igualdad y no discriminación, incluyendo impacto en mujeres en el Poder Judicial.
En enero de 2026, la CIDH ya había admitido la queja y notificado al gobierno, concediendo un plazo similar para informes de la SRE.
Reportes indican que la Comisión analiza dar prioridad al caso o buscar una solución amistosa, citando motivaciones oficialistas y fallas en el proceso legislativo.
Esto se suma a preocupaciones históricas de la CIDH sobre la reforma, como en 2024, cuando alertó riesgos a la independencia judicial por la elección popular de jueces.
Los jueces que presentaron la petición a la CIDH argumentan principalmente que la reforma judicial viola derechos fundamentales como la independencia judicial, la igualdad y la no discriminación.
Argumentos clave:
- Independencia judicial en riesgo: Alegan que la elección popular de jueces y magistrados por voto ciudadano politiza el Poder Judicial, exponiéndolo a presiones partidistas y motivaciones oficialistas, lo que compromete su imparcialidad y autonomía.
- Discriminación de género: La reforma afecta desproporcionadamente a mujeres juzgadoras, al reducir plazas y cambiar requisitos de permanencia, violando el principio de igualdad y agravando desigualdades en el acceso a cargos judiciales.
- Deficiencias procesales: Señalan fallas en el proceso legislativo, como falta de debate amplio y ausencia de mecanismos de control constitucional, lo que contraviene estándares interamericanos de derechos humanos.
Estos puntos se sustentan en el artículo 30 del Reglamento de la CIDH, invocando "urgencia y gravedad" para priorizar el fondo del caso sobre la admisibilidad formal, con énfasis en precedentes de la Corte IDH sobre autonomía judicial.