Huachicol fiscal mueve 3.1 billones de pesos, estima MCCI
Por redacción
• El monto equivale a 8.8 por ciento del PIB y triplica el costo conjunto del Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA.
• La organización calcula que entre 2018 y 2025 se movilizaron 147 mil millones de litros de combustible ilegal.
• FinCEN identifica al CJNG, Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo en esquemas de contrabando y evasión fiscal de combustibles.
El huachicol fiscal habría movilizado 147 mil millones de litros de gasolina y diésel entre 2018 y 2025, con un valor potencial de 3.1 billones de pesos en el mercado mexicano, de acuerdo con una estimación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La cifra equivale a 8.8 por ciento del Producto Interno Bruto y representa casi una tercera parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026. También sería tres veces superior al costo conjunto estimado del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), según las comparaciones realizadas por MCCI.
El cálculo parte de una evasión estimada en más de 600 mil millones de pesos de IEPS** durante el periodo. Al considerar las cuotas efectivamente cobradas y los estímulos fiscales aplicados a los combustibles, particularmente durante 2022, MCCI estima que el monto corresponde a unos 147 mil millones de litros.
A precios de importación, ese volumen representaría alrededor de 1.6 billones de pesos, mientras que su valor potencial una vez colocado en el mercado mexicano ascendería a los 3.1 billones de pesos. La organización aclara que esta última cifra corresponde al valor de mercado del combustible y no a las ganancias obtenidas por las redes que participaron en el negocio.
La dimensión del negocio ha atraído a organizaciones del crimen organizado. El organismo estadounidense FinCEN señaló en junio de 2026 que el CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales con base en México participan en esquemas de contrabando de combustible hacia México que involucran evasión fiscal.
Previamente, en una alerta emitida en 2025, FinCEN identificó al CJNG, Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo, entre otros grupos, en operaciones de contrabando de petróleo y combustibles. El organismo estadounidense describió el robo de combustible y el contrabando de crudo como una de las principales fuentes de ingresos ilícitos de los cárteles fuera del tráfico de drogas.
De acuerdo con la investigación de MCCI, una de las modalidades consiste en introducir gasolina y diésel a México con documentación aduanera que los presenta como aceites usados, lubricantes, aditivos o residuos de petróleo, productos que reciben un tratamiento fiscal distinto. Otra práctica consiste en declarar volúmenes menores a los realmente introducidos.
El esquema también puede apoyarse en empresas comercializadoras, compañías fachadas, documentos falsificados y gasolineras utilizadas para almacenar y vender el combustible. FinCEN ha advertido a las instituciones financieras sobre estos patrones de operaciones y sobre el uso de intermediarios y empresas para facilitar el contrabando y la evasión fiscal.
MCCI estima además que 10 empresas relacionadas con el negocio de combustibles acumulan alrededor de 97 mil millones de pesos en adeudos fiscales. La organización identifica entre ellas a compañías que aparecen en listados del SAT o que han sido relacionadas, según distintos expedientes y reportes, con investigaciones sobre tráfico ilegal de combustibles.
La magnitud estimada del fenómeno también puede dimensionarse por volumen: los 147 mil millones de litros requerirían, para su traslado por carretera, alrededor de 4.9 millones de pipas de 30 mil litros. Colocadas una detrás de otra, formarían una fila de aproximadamente 88 mil kilómetros, equivalente a más de dos vueltas a la Tierra por el ecuador, según otro cálculo de MCCI.
El estudio distingue así entre 600 mil millones de pesos de IEPS presuntamente evadido, unos 1.6 billones de pesos de combustible valuado a precios de importación y 3.1 billones de pesos como valor potencial de venta en México. Son estimaciones construidas a partir de las cuotas fiscales, volúmenes y precios del periodo analizado, no una cifra oficial única sobre el valor del mercado ilegal.