Honduras desestima cargos por fraude y lavado de activos contra el ex Presidente Juan Orlando Hernández

Honduras desestima cargos por fraude y lavado de activos contra el ex Presidente Juan Orlando Hernández
Imagen creada con ChatGPT

Un tribunal de Honduras desestimó los cargos de fraude y lavado de activos contra el expresidente Juan Orlando Hernández, nueve meses después de que fuera indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y liberado de la prisión estadounidense donde cumplía una condena de 45 años por delitos relacionados con el narcotráfico.

La decisión fue adoptada el 1 de septiembre de 2026 por un Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que dictó un sobreseimiento definitivo en favor del exmandatario hondureño dentro del denominado caso Pandora II.

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Hernández, de 57 años, gobernó Honduras entre 2014 y 2022 y enfrentaba una acusación de la Fiscalía hondureña relacionada con un esquema mediante el cual habrían sido desviados más de 288 millones de lempiras —unos 10.8 millones de dólares— de fondos públicos entre 2010 y 2013.

Según la acusación, parte de esos recursos habría terminado vinculada al financiamiento de la campaña presidencial que llevó a Hernández al poder en las elecciones de 2013.

Juez concluye que no había pruebas suficientes


Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial de Honduras, explicó que el juez determinó que no se pudo establecer la trazabilidad del dinero hacia la campaña política de Hernández y que tampoco se acreditó que el entonces presidente del Congreso hubiera autorizado o administrado directamente los recursos cuestionados.

El tribunal tampoco encontró evidencia de un incremento patrimonial atribuible al expresidente derivado de los fondos investigados.

Por estas razones, el juez rechazó la petición de la Fiscalía para mantener abierto el proceso y ordenó el sobreseimiento definitivo, además de levantar las medidas cautelares que pesaban sobre Hernández.

La resolución todavía puede ser recurrida ante una instancia superior por las partes que no estén de acuerdo con ella.

Expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández

A su salida del tribunal en Tegucigalpa, Hernández celebró la resolución ante sus seguidores y sostuvo nuevamente que los procesos emprendidos en su contra habían sido resultado de una persecución política.

Hoy se cierra este capítulo de persecución política”, declaró el exmandatario tras conocerse la decisión judicial.

Nueve meses después del indulto de Trump


La resolución en Honduras llega exactamente nueve meses después de un giro extraordinario en la situación judicial del expresidente.

Hernández había sido extraditado a Estados Unidos en 2022 y posteriormente fue declarado culpable en Nueva York por delitos relacionados con el tráfico de drogas. En 2024 fue condenado a 45 años de prisión.

Expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández

Sin embargo, el 1 de diciembre de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump le concedió un indulto, lo que permitió su salida de prisión.

Tras recuperar la libertad, Hernández permaneció varios meses fuera de Honduras y finalmente regresó al país centroamericano a finales de julio de 2026 para enfrentar voluntariamente el proceso pendiente por fraude y lavado de activos.

El Poder Judicial había suspendido temporalmente la orden de captura y la alerta migratoria que pesaban sobre él para facilitar su presentación ante los tribunales.

Hernández queda sin cargos pendientes en Honduras


Con el sobreseimiento definitivo del caso Pandora II, Hernández queda actualmente sin cargos penales pendientes en Honduras, según la información divulgada por las autoridades judiciales.

La decisión representa un segundo cambio radical en la situación legal del exmandatario en menos de un año: primero fue liberado de una condena de 45 años en Estados Unidos gracias al indulto presidencial de Trump y ahora un tribunal hondureño ha cerrado el proceso que todavía enfrentaba en su país por fraude y lavado de activos.

La resolución ha sido celebrada por Hernández y sus simpatizantes, mientras sectores anticorrupción han expresado preocupación por el cierre del expediente y sus posibles consecuencias para la confianza en el sistema judicial hondureño.