Hola Paisano. Representación migrante: el desafío pendiente de la reforma electoral. Por Daniel Lee
Un avance no implica ignorar los riesgos que también se desprenden del nuevo diseño institucional que se discute de cara a la Reforma Electoral.
La representación política migrante no puede quedar sujeta a la incertidumbre ni depender exclusivamente de la dinámica interna de los partidos políticos.
Si bien el reconocimiento constitucional del voto es un paso adelante, la forma en que se garantiza la representación política de la comunidad binacional debe contar con mecanismos claros, transparentes y efectivos.
Las organizaciones migrantes mexicanas han sido enfáticas en un punto fundamental: las acciones afirmativas que permitieron abrir espacios de representación no fueron una concesión graciosa del poder político.
Fueron el resultado de una conquista histórica lograda mediante años de organización, movilización y presión cívica.
Nada de lo que hoy existe en materia de derechos políticos para los mexicanos en el exterior fue otorgado espontáneamente.
Cada avance ha sido producto de una lucha colectiva sostenida a lo largo de décadas.
En ese contexto, la discusión abierta a partir de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea un momento crucial para el futuro de la participación política de millones de mexicanas y mexicanos que viven fuera del país.
El reconocimiento constitucional del voto en el exterior y la propuesta de consolidar un padrón permanente representan, sin duda, pasos importantes hacia la ampliación de derechos democráticos.
Se trata de avances que responden a una demanda histórica de la diáspora mexicana y que reflejan, al menos en el discurso institucional, la voluntad de integrar a la comunidad migrante en la vida política nacional.
Sin embargo, estos avances no deben ocultar un debate de fondo: la representación política de los migrantes no puede quedar sujeta únicamente a la competencia interna de los partidos ni a decisiones discrecionales en el diseño de las reglas electorales.
La experiencia acumulada durante los últimos años demuestra que, cuando no existen mecanismos claros de garantía, la inclusión política puede convertirse en una promesa frágil, vulnerable a los equilibrios coyunturales del poder.
Las acciones afirmativas que permitieron la llegada de representantes migrantes al Congreso constituyeron un paso significativo en el reconocimiento de esta comunidad como actor político.
No fueron un privilegio, ni una concesión temporal. Fueron la respuesta institucional a una realidad social evidente: millones de mexicanos que viven en el exterior mantienen vínculos económicos, familiares, culturales y políticos con su país de origen.
Sus remesas sostienen economías regionales enteras; sus organizaciones han construido redes de apoyo comunitario y han participado activamente en procesos cívicos y sociales tanto en México como en Estados Unidos.
Por ello, la discusión actual no gira en torno a la defensa de una candidatura o de un grupo particular.
Lo que está en juego es una conquista colectiva que representa décadas de activismo migrante.
Organizaciones comunitarias, clubes de oriundos, federaciones de migrantes y redes binacionales han trabajado durante años para abrir espacios de participación política que reflejen la voz de quienes viven fuera del territorio nacional pero continúan siendo parte integral del país.
Desde esta perspectiva, la reforma electoral representa una oportunidad histórica para fortalecer la democracia mexicana.
Pero también implica la responsabilidad de evitar retrocesos en derechos que ya han sido conquistados.
El principio de no regresividad, reconocido en el derecho constitucional contemporáneo, establece que los derechos políticos alcanzados no pueden reducirse ni debilitarse mediante reformas institucionales posteriores.
Uno de los puntos que requiere mayor claridad es la determinación del número de diputaciones destinadas a representar a la comunidad migrante.
Este aspecto no puede quedar sujeto a decisiones discrecionales o negociaciones coyunturales entre fuerzas políticas.
Debe responder a criterios técnicos transparentes, sustentados en la magnitud de la población mexicana en el exterior, su participación electoral y su relevancia económica y social para el país.
ABRAZO FUERTE
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