Hola Paisano. Hoy son ellos... mañana pueden ser los mexicanos. Por Daniel Lee
Por años, millones de migrantes mexicanos han aprendido una lección dolorosa: en materia migratoria, ningún derecho es permanente cuando depende únicamente de la voluntad política. La reciente decisión que permite al gobierno de Estados Unidos avanzar en la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de personas haitianas y sirias no sólo afecta a esas comunidades. Envía una señal inequívoca para toda la población migrante: la protección humanitaria puede desmantelarse pieza por pieza.
Muchos podrían pensar que el problema no involucra a México porque los connacionales no son el principal grupo beneficiario del TPS. Ese sería un error de enormes proporciones.
Lo verdaderamente trascendente no es quién pierde hoy el beneficio, sino el precedente que se está construyendo. Si los programas de protección humanitaria pueden desaparecer mediante decisiones administrativas respaldadas por los tribunales, ningún otro mecanismo migratorio está completamente a salvo.
El mensaje resulta inquietante para millones de familias mexicanas que durante décadas han vivido bajo distintos esquemas temporales de protección, permisos especiales, acciones diferidas o programas sujetos a la voluntad del gobierno en turno.
Las organizaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos lo han advertido desde hace tiempo: el verdadero riesgo no radica únicamente en las deportaciones, sino en la creciente fragilidad de los instrumentos legales que brindan estabilidad a las familias migrantes.
Redes binacionales como Fuerza Migrante, federaciones de clubes de migrantes y organizaciones de defensa de derechos civiles han insistido en que la política migratoria estadounidense está transitando de un modelo sustentado en principios humanitarios hacia otro dominado por criterios de seguridad, control y discrecionalidad política.
Cada programa que desaparece acerca un poco más la incertidumbre a miles de hogares mexicanos.
La historia reciente demuestra que ningún beneficio migratorio está blindado. Primero fueron los intentos por cancelar programas de acción diferida; después llegaron restricciones al asilo, mayores operativos de deportación, endurecimiento de los procesos de revisión y crecientes obstáculos para la reunificación familiar. Ahora, el debilitamiento del TPS confirma que la protección humanitaria también puede convertirse en un objetivo político.
Mientras tanto, millones de mexicanos continúan sosteniendo una parte esencial de la economía estadounidense. Trabajan en el campo, en hospitales, en la construcción, en hoteles, restaurantes, fábricas, transporte y servicios indispensables. Pagan impuestos, generan empleos, consumen, emprenden negocios y fortalecen comunidades enteras. Sin embargo, la narrativa política suele reducirlos a simples cifras de control fronterizo.
La contradicción es evidente. Estados Unidos reconoce todos los días la importancia económica de la mano de obra migrante, pero al mismo tiempo fortalece mecanismos legales que facilitan su exclusión o incrementan su incertidumbre jurídica.
Quienes viven esta realidad saben que las consecuencias trascienden cualquier expediente administrativo. Detrás de cada decisión migratoria existen familias binacionales, hijos ciudadanos estadounidenses con padres mexicanos, hipotecas, pequeños negocios, proyectos universitarios y décadas completas de trabajo honesto.
Cuando desaparece un mecanismo de protección no solamente cambia un estatus legal. También se instala el miedo. El temor de no regresar a casa después del trabajo. El miedo de que una revisión migratoria separe a una familia. La angustia permanente de vivir sin certeza sobre el futuro.
Por ello, las organizaciones de migrantes mexicanos sostienen que ha llegado el momento de abandonar la política reactiva. No basta con protestar cada vez que un programa desaparece. Es indispensable construir una agenda binacional permanente que coloque en el centro la defensa de los derechos de las personas migrantes, independientemente del partido que gobierne en Washington.
México tampoco puede limitarse a observar desde la distancia. La protección consular, la asesoría jurídica, la defensa diplomática y el acompañamiento a las comunidades mexicanas deben fortalecerse ante un escenario en el que las garantías migratorias son cada vez más vulnerables. La defensa de los connacionales no puede depender de discursos patrióticos pronunciados en fechas conmemorativas; requiere estrategias jurídicas, recursos suficientes y una política exterior firme que haga de los derechos humanos una prioridad.
Lo que hoy ocurre con el TPS es mucho más que una noticia judicial. Es un aviso sobre el rumbo que está tomando la política migratoria estadounidense. Si hoy se debilitan los mecanismos de protección para unas comunidades, mañana podrán hacerlo con cualquier otra.
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