Gobierno y oposición de Venezuela acuerdan revisar inhabilitaciones políticas, leyes sobre terrorismo y avanzar en la renovación del Poder Judicial
El Gobierno Nacional de Venezuela y la representación opositora de la Asamblea Nacional electa en 2015 anunciaron una nueva serie de acuerdos políticos que podrían abrir el camino a cambios en las condiciones de participación electoral, el funcionamiento del Poder Judicial y la legislación utilizada para imponer inhabilitaciones y sanciones contra dirigentes políticos.
Los compromisos quedaron establecidos en un comunicado conjunto de tres páginas, fechado el 21 de octubre de 2026 y suscrito por Jorge Rodríguez, en representación del Gobierno Nacional, y Dinorah Figuera, por la delegación de la Asamblea Nacional de 2015.
El documento marca la culminación del tercer ciclo de conversaciones, durante el cual se realizaron seis jornadas de trabajo, dos sesiones plenarias y quince reuniones distribuidas en cuatro mesas técnicas.
Aunque los acuerdos no establecen todavía una fecha para nuevas elecciones presidenciales, incorporan asuntos considerados fundamentales para una eventual transición democrática.
Revisarán cuatro leyes que afectan la participación política
Uno de los compromisos más importantes es iniciar una revisión profunda de cuatro instrumentos legales que regulan la participación política, las sanciones administrativas y determinados delitos.
La primera es la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, con el objetivo de garantizar la participación de las distintas organizaciones políticas, el pluralismo y la autonomía de los partidos.
La segunda es la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, especialmente las disposiciones relacionadas con las inhabilitaciones políticas.
Este punto tiene particular relevancia porque las inhabilitaciones han impedido a diferentes dirigentes opositores, entre ellos María Corina Machado, competir por cargos de elección popular.
Sin embargo, el comunicado no anuncia el levantamiento inmediato de esas restricciones, sino el inicio de un proceso para revisar las normas correspondientes.
La tercera legislación que será examinada es la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, utilizada para establecer sanciones contra determinadas actuaciones relacionadas con medidas internacionales contra Venezuela.
Finalmente, las delegaciones acordaron revisar la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, específicamente la definición y tipificación de los delitos de terrorismo.
Esta última revisión adquiere relevancia frente a las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre la utilización de acusaciones de terrorismo en procesos contra opositores y manifestantes.
Una nueva defensoría para proteger los derechos políticos
El tercer acuerdo contempla establecer mecanismos para evaluar situaciones que obstaculicen el ejercicio de los derechos políticos y buscar soluciones mediante procedimientos de mediación y conciliación.
También se iniciará la discusión para crear una Defensoría de Garantías Políticas y Participación Ciudadana, concebida como una instancia de protección para quienes consideren vulnerados sus derechos de participación.
La propuesta podría representar un nuevo mecanismo institucional para tramitar controversias relacionadas con el ejercicio de la actividad política.
Por ahora, su creación y funcionamiento permanecen sujetos a las futuras negociaciones.
Avanza la renovación del Tribunal Supremo de Justicia
Otro de los asuntos centrales es la transformación del sistema judicial venezolano.
El comunicado informa que la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales concluyó las entrevistas a 127 aspirantes provenientes de diferentes sectores de la sociedad.
De ese grupo estaba prevista la selección de doce representantes de la sociedad civil para integrar el comité encargado de participar en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El proceso registró un avance concreto este jueves 22 de octubre, cuando la Asamblea Nacional designó y juramentó a los doce representantes civiles que, junto con los diputados correspondientes, integrarán el Comité de Postulaciones Judiciales.
Entre los seleccionados se encuentran Guillermo Tell Aveledo Coll, decano de la Universidad Metropolitana, y Raquel Sánchez Carrero, vinculada a la organización defensora de derechos humanos Foro Penal.
La siguiente etapa comprende la publicación del cronograma de postulaciones y la activación del Consejo de Revisión de Credenciales, encargado de evaluar los requisitos de los candidatos a magistrados.
La renovación del TSJ constituye uno de los componentes institucionales más importantes de las negociaciones.
Libertad de expresión y medios de comunicación
Las delegaciones también reconocieron avances relacionados con el levantamiento de medidas administrativas y cautelares que afectaban el ejercicio de la libertad de expresión, el pensamiento plural y el derecho a la información.
Asimismo, recomendaron actualizar las concesiones para el uso del espectro radioeléctrico y simplificar los procedimientos administrativos correspondientes.
Estas disposiciones tienen especial importancia para las estaciones de radio, canales de televisión y otros medios cuya operación depende de autorizaciones del Estado.
Venezuela buscará recuperar su oro depositado en Londres
En materia económica, ambas representaciones ratificaron su intención de gestionar la recuperación de los activos de reserva internacional venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra.
Estos recursos, identificados como oro venezolano, estarían destinados a atender a las comunidades afectadas por el doble terremoto mencionado en el comunicado y contribuir a la recuperación de los servicios públicos.
El compromiso da continuidad a los acuerdos anunciados durante la primera ronda de negociaciones, el 12 de agosto.
Como nuevo paso, las partes decidieron conformar una delegación paritaria para gestionar ante las autoridades británicas las acciones necesarias.
Recuperación económica y derechos sociales
La cuarta mesa técnica, instalada durante esta ronda, se concentrará en las garantías políticas, económicas y sociales.
El sexto acuerdo señala que las partes trabajarán conjuntamente para promover condiciones que favorezcan la recuperación económica nacional y el ejercicio de derechos relacionados con la salud, alimentación, educación, ingresos de los trabajadores y acceso a los servicios públicos.
El objetivo declarado es vincular la estabilización institucional con la recuperación de las condiciones de vida de la población.
El gran pendiente: una fecha para las elecciones
A pesar de los compromisos alcanzados, las delegaciones no anunciaron un calendario para la celebración de elecciones presidenciales.
También permanecen pendientes decisiones definitivas sobre las inhabilitaciones políticas, las condiciones de participación de los partidos y las garantías institucionales para un futuro proceso electoral.
El comunicado señala que ambas delegaciones darán seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y presentarán informes sobre sus avances, pero no fija en sus tres páginas la fecha de un próximo ciclo de conversaciones.
