Finanzas Públicas y Política. La retórica de soberanía y su impacto en la economía. Por Héctor Saúl Téllez Hernández
El 31 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó desde el Monumento a la Revolución un mensaje de confrontación; bajo la bandera de la soberanía, rechazó de facto extradiciones solicitadas por Estados Unidos contra funcionarios mexicanos, incluyendo al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.
Lo que parece un acto de dignidad nacional tiene un costo económico elevado. México exportó en 2025 más de 545 mil millones de dólares a Estados Unidos, equivalentes a casi el 80% de nuestras exportaciones totales. El comercio bilateral superó los 872 mil millones de dólares. En esta relación tan asimétrica, la retórica confrontacional arriesga directamente empleo, inversión y estabilidad.
El nearshoring, uno de los pocos motores de crecimiento reciente, ya muestra signos de enfriamiento. La combinación de tensiones bilaterales y percepción de inestabilidad política ha generado revisiones a la baja del crecimiento económico para 2026, que en escenarios conservadores se ubica en torno al 1.3% o menos.
Al endurecer la posición frente a extradiciones de funcionarios acusados de proteger redes de narcotráfico, el gobierno envía una señal de protección que erosiona la confianza internacional. Esto aumenta el riesgo en inversiones, presiona el tipo de cambio y eleva el riesgo de aranceles sectoriales de la administración Trump, especialmente en automotriz, manufacturas y agroexportaciones, sectores clave para millones de empleos en el Bajío y la frontera norte.
Más que una defensa a la soberanía nacional, la postura que ha asumido la presidenta Claudia Sheinbaum se interpreta como una defensa incondicional de un personaje político de dudosa honorabilidad.
Contrario a esa férrea defensa y de exigir pruebas adicionales a todos los indicios que presuntamente involucran al gobernador con licencia de Sinaloa, el gobierno federal debe colaborar con su contraparte estadounidense y garantizar que no exista impunidad en este caso.
Defender la soberanía es legítimo, pero no equivale a escudar presuntos nexos con el crimen organizado. La verdadera soberanía se construye con credibilidad institucional, crecimiento sostenido y resultados concretos en seguridad, no con discursos que suenan heroicos, pero terminan afectando el bolsillo de los mexicanos.
La confrontación retórica sin pragmatismo económico solo genera volatilidad, menor inversión y mayor inflación. México merece una diplomacia responsable que proteja tanto la autonomía como el bienestar de su gente.
En el marco de la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo menos conveniente para nuestro país es que las negociaciones se vean afectadas por esa falta de credibilidad en el actuar del gobierno para el combate al crimen organizado, con la protección a políticos relacionados con el narcotráfico.
La presidenta exige pruebas; hay que recordar que desde 2021 se ha vinculado a Rocha Moya con “Los Chapitos”, mientras que en 2024 el Mayo Zambada lo imputó directamente como cómplice en una carta publica desde la cárcel; sin embargo, los gobiernos morenistas solo han desplegado el manto de impunidad en torno a estas acusaciones.
Haga lo que haga el gobierno federal para proteger a Rocha Moya, el día en que tenga que comparecer ante una corte estadounidense llegará. Al tiempo.
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