Finanzas Públicas y Política. La auditoría que aún no llega. Por Héctor Saúl Téllez Hernández.

Las 33 auditorías presentadas se concentran exclusivamente en la distribución de participaciones federales a las entidades federativas

La primera Entrega de Informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2025 deja una sensación inevitable: sabemos muy poco de lo que realmente interesa conocer. No porque el trabajo de la ASF carezca de rigor, al contrario, la limitación proviene del alcance mismo de esta primera revisión.

Las 33 auditorías presentadas se concentran exclusivamente en la distribución de participaciones federales a las entidades federativas, con un universo auditado de 301 mil 366 millones de pesos y una cobertura del 100 por ciento. El resultado preliminar arroja apenas 1.4 millones de pesos pendientes por aclarar, concentrados en un solo estado.

Los datos son relevantes, pero insuficientes. La gran interrogante permanece intacta: ¿cómo ejerció el Gobierno Federal los cientos de miles de millones de pesos aprobados para 2025?

Todavía no conocemos el desempeño financiero de las secretarías de Estado, no sabemos qué hallazgos existen sobre las empresas públicas; tampoco conocemos el resultado de las auditorías a los programas prioritarios ni a las grandes obras de infraestructura que concentran buena parte del presupuesto nacional.

Y precisamente ahí es donde la fiscalización adquiere su mayor relevancia. La rendición de cuentas no consiste únicamente en verificar si el dinero llegó a los estados. El verdadero examen comienza cuando se revisa cómo se gastó, en qué se gastó y si ese gasto produjo los resultados que justificaron su aprobación presupuestal.

Cada peso público representa el esfuerzo de millones de contribuyentes. Por ello, la sociedad tiene derecho a conocer no sólo si el recurso fue legalmente ejercido, sino también si fue eficiente, transparente y útil para resolver los problemas del país.

Desde Acción Nacional hemos sostenido que la fiscalización debe evolucionar. Hoy no basta con revisar expedientes administrativos; es indispensable evaluar riesgos, eficacia y resultados.

Por ello hemos solicitado que la ASF realice auditorías especiales, integrales y de máxima profundidad sobre proyectos estratégicos del Gobierno Federal, particularmente en el Tren Interoceánico, donde los recientes acontecimientos obligan a revisar con absoluto rigor el ejercicio de los recursos públicos, los mecanismos de supervisión, la gestión de riesgos y las responsabilidades administrativas que, en su caso, pudieran derivarse.

Los proyectos prioritarios no pueden convertirse en espacios de excepción frente al escrutinio público. Mientras mayor sea la inversión, mayor debe ser la obligación de transparentarla.

Del mismo modo, resulta indispensable fortalecer la fiscalización de los recursos federales ejercidos en entidades donde existen condiciones extraordinarias de riesgo institucional.

Sinaloa, Baja California, Sonora y Tamaulipas han sido objeto, durante los últimos años, de severos señalamientos públicos por presuntos vínculos entre actores gubernamentales y organizaciones criminales. Independientemente de las responsabilidades individuales que correspondan a las autoridades competentes determinar, esa realidad exige que la Auditoría Superior aplique revisiones particularmente exhaustivas sobre el destino de los recursos federales.

No se trata de politizar la fiscalización, no se trata justamente de impedir que la política interfiera con ella. Cuando existen dudas razonables sobre la fortaleza institucional de un gobierno, el Estado tiene la obligación de responder con más controles, no con menos; con más transparencia, no con mayor opacidad.

La Auditoría Superior de la Federación representa uno de los principales contrapesos constitucionales del país. Su autonomía y capacidad técnica constituyen una garantía para los ciudadanos y un elemento indispensable para preservar la confianza en las instituciones.

Por ello, esta primera entrega debe entenderse como lo que realmente es: el prólogo, no la obra completa. Las próximas entregas serán las que permitan conocer la verdadera dimensión del ejercicio del gasto federal durante 2025.

Ahí estarán las respuestas que hoy todavía faltan, ahí sabremos si los programas prioritarios cumplieron sus objetivos, si las grandes inversiones públicas fueron administradas con responsabilidad y si el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados se tradujo realmente en beneficios para los mexicanos.

Porque una democracia madura no teme a las auditorías, las exige; y mientras más grande sea el poder que administra recursos públicos, más grande debe ser también el nivel de vigilancia ciudadana y constitucional.

@hector_saul1

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista