Finanzas Públicas y Política. La advertencia de S&P a Pemex y CFE. Por Héctor Saúl Téllez Hernández

En las entrañas de las finanzas públicas nacionales, dos colosos energéticos siguen definiendo el pulso de la sostenibilidad fiscal del país. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) representan, cada una con sus particularidades, el delicado equilibrio entre la ambición de soberanía energética y la dura realidad de los números.

A pesar de ciertos avances operativos —el repunte en el procesamiento de crudo en Pemex y la notable fortaleza del EBITDA en CFE—, ambas empresas arrastran pérdidas netas y una dependencia crónica de recursos públicos que continúa lastrando el balance general del gobierno federal.
El golpe más reciente llegó el 13 de mayo de 2026, cuando S&P Global Ratings cambió a negativa la perspectiva crediticia de Pemex, CFE y sus principales subsidiarias, alineándola con la del soberano mexicano. La calificación se mantiene en BBB (grado de inversión), sostenida únicamente por el respaldo gubernamental “casi cierto”.

Las cifras que duelen

Pemex cerró el primer trimestre 2026 con una pérdida neta de 46 mil millones de pesos, un incremento de 6.2% respecto al mismo periodo de 2025. Menores ventas, mayor deterioro de activos, costos financieros elevados y efectos cambiarios explican el resultado.

CFE, por su parte, reportó una pérdida neta de 402 millones de pesos, una mejora drástica frente a los más de 16 mil millones de un año atrás. Aunque se trató principalmente de un efecto contable por fluctuaciones del tipo de cambio, la empresa exhibió una utilidad operativa sólida de 32,761 millones de pesos y un margen de EBITDA del 35%, el más alto en seis años.

Estos números ilustran dos realidades distintas: Pemex sigue en una zona de alto riesgo estructural; CFE muestra mayor disciplina operativa, pero ninguna escapa al vínculo con las finanzas públicas.

El Verdadero Impacto de la Perspectiva Negativa

S&P no rebajó la calificación de inmediato, pero asignó una probabilidad de uno en tres de que ocurra un recorte en los próximos 12 a 24 meses. Las implicaciones son concretas y profundas:

Encarecimiento del financiamiento externo. Los spreads sobre bonos se ampliarán, elevando los costos de refinanciamiento ante vencimientos importantes en 2026-2028. Fondos institucionales con mandatos de grado de inversión podrían reducir su exposición, afectando liquidez y condiciones de crédito.

Presión fiscal intensificada. Los apoyos acumulados a Pemex (cerca de 70 mil millones de dólares entre 2019 y 2025) y los subsidios tarifarios a CFE contribuyen a un déficit público proyectado en 4.8% del PIB para 2026, alimentando un círculo vicioso: más transferencias, mayor endeudamiento soberano y mayor riesgo de downgrade.

Perfil crediticio individual frágil. Pemex permanece en CCC+, con una estructura de capital calificada como insostenible (deuda/EBITDA cercana a 5.8 veces y flujo de caja operativo negativo). CFE, aunque más resiliente, no se desliga del riesgo soberano.

Efectos en cadena. La señal impacta subsidiarias, gobiernos locales, bancos y el atractivo general del sector energético para la inversión privada, al tiempo que incrementa la volatilidad en tasas de interés y tipo de cambio.

En síntesis, S&P ha formalizado lo que el mercado ya intuía: el destino financiero de Pemex y CFE ya no es neutral para la credibilidad crediticia de México. Su sostenimiento se ha convertido en un factor de riesgo sistémico.

Conclusión y recomendación

Esta advertencia técnica no es un veredicto definitivo, pero sí una llamada urgente a la acción. El Gobierno mexicano debe transitar de apoyos incondicionados a una estrategia de mediano plazo que condicione las transferencias fiscales a metas verificables de eficiencia operativa, reducción gradual de pérdidas y gobernanza corporativa. Acelerar las alianzas con capital privado en exploración, producción y generación, junto con controles más robustos contra el huachicol, son pasos indispensables.

La verdadera soberanía energética no se mide en barriles producidos ni en kilowatts generados, sino en la capacidad de crear valor económico sostenible sin comprometer el futuro fiscal del país. El momento de corregir el rumbo es ahora. Postergarlo solo elevará el costo para todas las generaciones venideras.

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