Finanzas Públicas y Política. ¿Fomento a la inversión o deuda maquilada?. Por Héctor Saúl Téllez Hernández
La iniciativa de Ley de Fomento de Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada ayer por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, sugiere progreso y bienestar, pero un análisis a detalle de su contenido revela mecanismos que podrían comprometer la disciplina fiscal, la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.
Dicha iniciativa propone crear un nuevo marco jurídico para fomentar inversiones en infraestructura estratégica para el desarrollo con bienestar, mediante mecanismos de inversión, coinversión y financiamiento entre sectores público, privado y social.
Busca facilitar la inversión en proyectos estratégicos mediante figuras como fideicomisos y asociaciones público-privadas. Sin embargo, permite comprometer gasto sin contar con los recursos disponibles en el momento, disfrazando deuda futura como gasto corriente y ocultando el verdadero volumen de egresos (incluyendo nómina y programas sociales).
Entre los aspectos más preocupantes destacan: el regreso de fideicomisos opacos que fueron eliminados precisamente por supuesta falta de transparencia; la centralización de decisiones en la SHCP, sin participación efectiva de estados y municipios.
La facultad discrecional del Ejecutivo Federal para definir proyectos, contratos y alianzas con el sector privado; la ausencia de mecanismos sólidos de competencia, licitación pública y control anticorrupción.
La historia reciente ofrece ejemplos claros de los riesgos que implica avanzar sin reglas claras: el Aeropuerto de Texcoco (cancelado con pérdidas millonarias), el Tren Maya (sobrecostos y baja rentabilidad social y económica) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA,) con baja afluencia y altos subsidios.
Estos casos ilustran cómo la discrecionalidad y la falta de competencia pueden generar sobrecostos, corrupción y resultados por debajo de lo esperado.
Nadie duda de la necesidad de infraestructura moderna en México. El país requiere obras que impulsen el crecimiento económico y el bienestar social; sin embargo, este objetivo no se logra con cheques en blanco ni con opacidad.
Es fundamental que cualquier reforma en la materia preserve los principios de disciplina fiscal, competencia abierta, rendición de cuentas y participación federalista. Solo así la inversión en infraestructura será verdadera palanca de desarrollo y no un riesgo para la estabilidad económica del país.
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