Finanzas Públicas y Política. Cuenta Pública 2024: el balance real de un sexenio. Por Héctor Saúl Téllez Hernández

Los resultados de la Auditoría Superior de la Federación son contundentes. En la revisión de la Cuenta Pública 2024 se determinaron alrededor de 67 mil millones de pesos.

La Cuenta Pública 2024 no puede leerse como la fotografía aislada de un ejercicio presupuestal. Es, en realidad, la última pieza de un rompecabezas que permite comenzar a evaluar, con datos duros, el manejo del dinero público durante los seis años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Y el balance dista mucho del relato de austeridad, honestidad y combate a la corrupción que durante todo el sexenio se repitió desde Palacio Nacional.

Los resultados de la Auditoría Superior de la Federación son contundentes. En la revisión de la Cuenta Pública 2024 se determinaron alrededor de 67 mil millones de pesos bajo observación. De ese monto, apenas cerca de 2 mil millones fueron recuperados o aclarados, mientras que aproximadamente 65 mil 169 millones de pesos permanecieron pendientes de solventación.

Dicho de otra manera: alrededor del 97% de los recursos observados seguían sin aclararse.

Es cierto que la mayor parte corresponde al gasto federalizado ejercido por estados y municipios: aproximadamente 59 mil 363 millones de pesos. Pero existe otro componente que merece especial atención: el dinero ejercido directamente por dependencias y entidades del Gobierno Federal.

En 2024 quedaron pendientes de aclaración alrededor de 5 mil 805 millones de pesos directamente vinculados con el ámbito federal. El dato adquiere otra dimensión cuando deja de analizarse año por año y se observa el sexenio completo.

Las cifras de recursos observados y pendientes de aclaración en el Gobierno Federal fueron de aproximadamente 44 mil 365 millones de pesos en 2019; 21 mil 242 millones en 2020; 9 mil 628 millones en 2021; 6 mil 873 millones en 2022; 11 mil 177 millones en 2023; y 5 mil 805 millones en 2024. La suma ronda los 99 mil millones de pesos.

Noventa y nueve mil millones que en distintos momentos fueron observados por la ASF y que obligan a una pregunta elemental: ¿dónde está ese dinero y cómo fue ejercido?

Esa es la verdadera dimensión del problema. Un gobierno que construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de erradicar la corrupción termina su ciclo con decenas de miles de millones de pesos sujetos a observaciones, aclaraciones y procedimientos de fiscalización.

Las áreas involucradas tampoco son menores. Entre las principales observaciones aparecen Pemex, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el sector salud.

Y es precisamente en salud donde la contradicción resulta especialmente dolorosa; mientras millones de mexicanos enfrentaron durante estos años desabasto, falta de medicamentos, saturación hospitalaria y dificultades para recibir atención, la fiscalización de 2024 identificó alrededor de 25 mil millones de pesos vinculados con observaciones en el sector salud. El contraste es brutal.

México terminó el sexenio con millones de personas sin acceso efectivo a servicios de salud y, al mismo tiempo, con miles de millones de pesos cuyo ejercicio debe ser plenamente explicado.

No se trata solamente de números contables. Detrás de cada peso mal ejercido, no comprobado o pendiente de aclaración puede haber una consulta que no se dio, un medicamento que no llegó, una carretera que no se terminó o un servicio público que nunca se prestó.

A este panorama se suma ahora un asunto particularmente sensible: el Instituto Nacional Electoral.

La ASF detectó en la Cuenta Pública 2024 aproximadamente 66.5 millones de pesos sujetos a observaciones relacionadas con el INE. La cantidad podría parecer menor frente al universo completo de la Cuenta Pública, pero adquiere otra relevancia ante los cuestionamientos recientes sobre contrataciones y proveedores del Instituto.

Existen además señalamientos públicos sobre operaciones y contratos por montos considerablemente mayores que deben ser esclarecidos. Si existen responsabilidades administrativas, conflictos de interés o irregularidades, corresponde a las autoridades acreditarlas y sancionarlas. Lo que no puede ocurrir es que las observaciones se pierdan entre expedientes, plazos burocráticos y silencios institucionales.

Por eso, el debate sobre la Cuenta Pública 2024 no debe reducirse a una batalla de porcentajes entre partidos. La discusión de fondo es mucho más sencilla: cada peso observado debe aclararse.

No importa si fue ejercido por un gobernador, un alcalde, una secretaría de Estado, Pemex, el sector salud o el propio Instituto Nacional Electoral. La obligación constitucional de rendir cuentas no admite excepciones ni colores partidistas.

Durante seis años se dijo que la corrupción había terminado. Los informes de fiscalización cuentan una historia bastante menos cómoda.

Ahora corresponde investigar, solventar y, donde existan responsabilidades, sancionar. Porque los discursos pasan, las cuentas quedan.

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