Explotación infantil alcanza a más de 3.5 millones de menores en México
Por redacción
La pobreza, el trabajo informal, la violencia y la falta de oportunidades mantienen al menos a 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes en condiciones de explotación en México, donde miles realizan actividades laborales peligrosas, trabajan en las calles, son incorporados a labores agrícolas o son utilizados en actividades que vulneran sus derechos.
Las cifras más recientes del problema quedaron documentadas en la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025, cuyos resultados fueron presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 21 de octubre de 2026.
El organismo estimó que 3.5 millones de menores de entre 5 y 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil, equivalente a 12.6 por ciento de la población de ese grupo de edad. Aunque representa una reducción respecto de los 3.7 millones registrados en 2022, el volumen de menores afectados sigue siendo elevado.
De acuerdo con el desglose del INEGI, 1.6 millones realizaban exclusivamente ocupaciones no permitidas, 1.7 millones efectuaban quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas y alrededor de 200 mil combinaban ambas modalidades. Estas actividades incluyen trabajos que, por la edad de quienes los realizan, su duración o las condiciones en que se desarrollan, comprometen su seguridad, salud y desarrollo.
La incidencia tampoco es homogénea. Entre la población indígena, la tasa de trabajo infantil alcanzó 24.9 por ciento, casi el doble de la media nacional. Entre la población afrodescendiente fue de 15.6 por ciento.
Guerrero encabezó la lista de entidades con mayor incidencia de trabajo infantil, con una tasa de 22.6 por ciento; le siguieron Oaxaca, con 20.9 por ciento, y Chiapas, con 20.3 por ciento.
También registraron porcentajes elevados Veracruz, con 17.3 por ciento, y Campeche, con 16.7 por ciento. En contraste, Sinaloa reportó la menor incidencia, con 5.4 por ciento; Baja California, 5.8 por ciento; Coahuila, 7 por ciento, y Ciudad de México, 8 por ciento.
El INEGI identificó además una situación de mayor vulnerabilidad entre las comunidades indígenas: 364 mil menores hablantes de alguna lengua indígena estaban en situación de trabajo infantil.
Trata y explotación sexual, otra amenaza para la infancia
A las condiciones de trabajo infantil se suman otras formas de explotación que operan mediante redes de trata de personas, violencia y abuso de menores.
El Informe sobre la Trata de Personas 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos documentó que las autoridades mexicanas identificaron mil 743 víctimas de trata durante 2025. De ellas, 548 correspondieron a explotación sexual, 139 a explotación laboral y mil 56 a modalidades no especificadas.
En el mismo periodo se investigaron 489 casos de trata en los ámbitos federal y estatal, se iniciaron procesos penales contra 268 presuntos responsables y se reportaron 124 condenas.
El informe también advirtió sobre deficiencias en la atención y protección de las víctimas, así como sobre la falta de información confiable y completa para evaluar los resultados de las acciones gubernamentales. Embajada de EE. UU. en México
Uno de los casos documentados ocurrió en octubre de 2025, cuando autoridades trasladaron a 80 niñas, niños y adolescentes de un albergue privado a instalaciones gubernamentales en la Ciudad de México, luego de denuncias de abuso sexual y servidumbre doméstica. Un mes después, se autorizó el regreso de 32 menores al centro, decisión que generó preocupación por el riesgo de que volvieran a sufrir abusos.
El documento estadounidense señaló que los recursos destinados a la protección de víctimas eran insuficientes y que persistían limitaciones en los servicios médicos, psicológicos y de reintegración social.
En México, la legislación establece los 15 años como edad mínima para trabajar y prohíbe que adolescentes de 15 a 17 años desempeñen actividades peligrosas o insalubres. También sanciona la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.
Sin embargo, la persistencia de millones de menores en actividades no permitidas evidencia las dificultades para hacer cumplir estas disposiciones, particularmente en sectores informales, actividades agrícolas, comercios familiares y trabajos domésticos, donde la supervisión de las autoridades resulta más complicada.
La reducción de 13.1 a 12.6 por ciento en la tasa nacional de trabajo infantil entre 2022 y 2025 representa un avance estadístico, pero no significa que hayan desaparecido las condiciones de explotación. Detrás de los 3.5 millones de menores contabilizados hay historias de abandono escolar, jornadas prolongadas, exposición a riesgos y pérdida de oportunidades de desarrollo.
El desafío para las autoridades no se limita a retirar a niñas y niños de los lugares de trabajo, sino a garantizar que no regresen a esas condiciones, mediante políticas de protección social, acceso a la educación, vigilancia laboral y persecución efectiva de quienes se benefician de su explotación.