Estados Unidos ofrece hasta 102 millones de dólares por ocho líderes del CJNG y revoca 26 visas
Washington anunció una de sus mayores ofensivas financieras y judiciales contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las medidas incluyen nuevas acusaciones penales, recompensas millonarias y restricciones migratorias contra familiares, socios y presuntos facilitadores de la organización.
El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy recompensas por un total de hasta 102 millones de dólares por información que permita detener o condenar a ocho dirigentes, operadores y presuntos asociados del Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG.
Las recompensas fueron dadas a conocer este miércoles 5 de agosto de 2026 por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Justicia y distintas agencias federales estadounidenses.
El anuncio forma parte de una operación conjunta en la que participan la Administración para el Control de Drogas —DEA—, el Buró Federal de Investigaciones —FBI—, Investigaciones de Seguridad Nacional —HSI—, la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos —IRS-CI—, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza —CBP— y el Centro Nacional de Coordinación.
Las autoridades estadounidenses describieron al CJNG como una de las organizaciones criminales más violentas y peligrosas de México, responsable de producir y traficar grandes cantidades de cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo hacia territorio estadounidense.
La mayor recompensa es por “El Pelón”
La recompensa más elevada, de hasta 25 millones de dólares, corresponde a Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, hijastro de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
De acuerdo con documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, Valencia González habría asumido el máximo liderazgo del CJNG después de que “El Mencho” muriera durante una operación militar mexicana realizada en febrero de 2026.
Estados Unidos acusa a “El Pelón” de participar en conspiraciones para producir y distribuir cocaína y metanfetamina destinadas al mercado estadounidense, así como de utilizar armas de fuego en actividades relacionadas con el narcotráfico.
La lista de recompensas se completa de la siguiente manera:
- Hasta 15 millones de dólares por Audias Flores Silva, alias “Jardinero”.
- Hasta 15 millones por Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”.
- Hasta 15 millones por Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”.
- Hasta 10 millones por Ricardo Ruiz Velasco, alias “RR” o “Tripa”.
- Hasta 10 millones por Julio César Montero Pinzón, alias “Tarjetas”.
- Hasta 10 millones por Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”.
- Hasta 2 millones por Griselda Margarita Arredondo Pinzón.
Audias Flores Silva fue detenido en México en abril de 2026, por lo que la recompensa anunciada en su caso está dirigida a obtener información que contribuya a su condena.
Nuevas acusaciones contra cinco operadores
De manera paralela, el Departamento de Justicia hizo públicas acusaciones contra Mendoza Gaytán, Castillo Rodríguez, Ruiz Velasco, Montero Pinzón y Rivera Varela.
Las fiscalías estadounidenses sostienen que los cinco participaron durante más de una década en conspiraciones para fabricar y distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo con destino a Estados Unidos.
También están acusados de utilizar, portar o disparar armas semiautomáticas, ametralladoras y dispositivos destructivos durante sus actividades criminales.
En caso de ser declarados culpables de los cargos presentados en el Distrito de Columbia, podrían enfrentar hasta dos condenas consecutivas de cadena perpetua.
Según las imputaciones, Montero Pinzón y Rivera Varela habrían creado y dirigido el llamado “Grupo Élite”, una estructura de sicarios encargada de proteger territorios del CJNG, combatir a organizaciones rivales y ejecutar acciones violentas contra funcionarios públicos.
El Departamento de Justicia asegura que ambos dirigían a más de mil integrantes y que controlaban la plaza de Guadalajara, considerada una de las zonas estratégicas de la organización.
Mendoza Gaytán, identificado como ahijado de “El Mencho”, habría participado en la adquisición de armas, el entrenamiento de sicarios y la operación de campamentos vinculados con el cártel.
Ruiz Velasco es acusado de supervisar actividades de narcotráfico, compra de armamento, sobornos y operaciones violentas en distintas regiones de México.
Castillo Rodríguez, presentado como exyerno de “El Mencho”, presuntamente controlaba operaciones en Colima, recaudaba ganancias y coordinaba la adquisición de precursores químicos y el transporte de drogas hacia Estados Unidos.
Restricciones y revocación de visas
Además de las recompensas, el Departamento de Estado impuso restricciones de visado a 65 familiares, socios personales y colaboradores comerciales de personas vinculadas con el CJNG y sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 14059, dirigida contra extranjeros relacionados con el tráfico internacional de drogas.
De esas 65 personas, 26 tenían visas estadounidenses vigentes, las cuales fueron revocadas.
Las autoridades no difundieron públicamente sus identidades.
Desde que Washington puso en marcha esta política migratoria en junio de 2025, Estados Unidos asegura haber revocado un total de 93 visas pertenecientes a familiares y socios de narcotraficantes sancionados y vinculados con cárteles designados como organizaciones terroristas extranjeras.
Una ofensiva coordinada contra el liderazgo del cártel
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que las nuevas acusaciones y recompensas forman parte de una campaña para desmantelar al CJNG y llevar ante la justicia a sus dirigentes, independientemente del país en el que se encuentren.
Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, señaló que Juan Carlos Valencia González se encuentra entre los fugitivos más buscados por la agencia y aseguró que las acciones anunciadas reflejan la coordinación de todo el Gobierno estadounidense contra la organización.
El CJNG fue designado por el Departamento de Estado como Organización Terrorista Extranjera el 20 de febrero de 2025.
Esta clasificación permite a Estados Unidos utilizar herramientas penales, financieras, migratorias y diplomáticas adicionales contra sus integrantes, colaboradores y fuentes de financiamiento.
Las recompensas se otorgarán mediante el Programa de Recompensas por Narcóticos y el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional.
Desde su creación, estos mecanismos han contribuido, según el Gobierno estadounidense, a llevar ante la justicia a más de 90 narcotraficantes y delincuentes transnacionales, además de pagar más de 200 millones de dólares por información útil.