Estados Unidos impulsa nueva estrategia de IA con menos regulación y mayor ciberseguridad
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva Orden Ejecutiva destinada a fortalecer el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial (IA), mediante una estrategia que combina la reducción de regulaciones para el sector tecnológico con el reforzamiento de la ciberseguridad nacional.

La Orden Ejecutiva entró en vigor este 2 de junio y representa uno de los movimientos más importantes de la actual administración en materia de inteligencia artificial, con el objetivo de mantener la ventaja tecnológica de Estados Unidos frente a competidores internacionales, al tiempo que fortalece la protección de sus sistemas críticos.

La directiva establece como principio central una política de “Estados Unidos Primero” (America First), orientada a acelerar la innovación en inteligencia artificial, evitar obstáculos regulatorios y proteger la infraestructura crítica frente a amenazas cibernéticas.

Según el documento, la administración considera que el liderazgo tecnológico del país se ha construido gracias al talento de la industria privada y a la ausencia de controles gubernamentales excesivos.
Entre las medidas más relevantes destaca la prohibición de crear sistemas obligatorios de licencias, permisos o autorizaciones previas para el desarrollo, publicación o distribución de nuevos modelos de inteligencia artificial.

La orden sostiene que el papel del gobierno debe centrarse en la protección de la seguridad nacional y no en la supervisión burocrática del desarrollo tecnológico.
En materia de seguridad, el gobierno ordenó a diversas agencias federales priorizar la defensa cibernética de los sistemas de seguridad nacional y de las redes civiles.

También instruyó la creación de un centro de intercambio de información sobre ciberseguridad e inteligencia artificial, coordinado por el Departamento del Tesoro, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA).
La orden contempla además la colaboración voluntaria entre el gobierno y las empresas desarrolladoras de los llamados “modelos frontera”, es decir, los sistemas de IA más avanzados.

Las compañías podrán consultar con las autoridades sobre la clasificación de sus modelos y, de manera opcional, compartir acceso anticipado a estos sistemas hasta 30 días antes de su lanzamiento público para realizar evaluaciones de seguridad.
Otro de los ejes de la estrategia es la persecución de delitos informáticos cometidos mediante inteligencia artificial.

El Fiscal General recibió instrucciones para priorizar investigaciones y procesos penales contra individuos o grupos que utilicen IA para acceder ilegalmente a sistemas informáticos, obtener datos de manera ilícita o realizar ataques contra infraestructuras públicas y privadas.
La administración también estableció plazos de 30 y 60 días para implementar diversas acciones, incluyendo programas de contratación acelerada de especialistas en ciberseguridad y la creación de mecanismos de evaluación para determinar qué sistemas califican como modelos frontera.
