Estados Unidos autoriza a Venezuela a pagar por defensa de Nicolás Maduro

Estados Unidos autoriza a Venezuela a pagar por defensa de Nicolás Maduro
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El Gobierno de Estados Unidos ha autorizado que el Gobierno de Venezuela pueda pagar la defensa legal de Nicolás Maduro (y de su esposa Cilia Flores) en su caso por narcotráfico pendiente en Nueva York, pero bajo condiciones muy estrictas y limitadas.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. modificó las licencias de sanciones para permitir que los abogados de la defensa reciban pagos del gobierno venezolano, siempre que esos fondos se hayan puesto a disposición del gobierno después del 5 de marzo de 2026 y no provengan de las ventas de petróleo reguladas en Estados Unidos.

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No es una "libertad absoluta" para que Venezuela gaste a discreción: el flujo de dinero está restringido a ciertos fondos y a un fin específico (honorarios legales), dentro de la estructura de sanciones vigente.

La autorización se plantea como un ajuste técnico‑jurídico para evitar que se alegue una violación de derechos procesales (como la Sexta Enmienda, que garantiza derecho a un abogado).

Maduro pidió no usar un abogado "de oficio" (defensor público) y reclamó el derecho de contratar a un equipo privado, cuyo costo él no puede asumir personalmente; el gobierno venezolano se ofreció a pagar esos honorarios.

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Sin embargo, ambos (Maduro y el Estado venezolano) están bajo sanciones estadounidenses, lo que impone barreras a que terceros reciban pagos de ellos sin una licencia de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros).

La defensa alegó que bloquear el pago del gobierno venezolano a sus abogados vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de EE. UU., que garantiza a un acusado el derecho de contratar al abogado de su elección y de tener una defensa adecuada.

Los fiscales, por su parte, defendieron inicialmente la restricción apoyándose en que las sanciones sirven para presionar exteriormente al gobierno venezolano y no deben usarse para "financiar" honorarios de un líder que consideran ilegítimo.

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Tras semanas de discusión judicial y escritos ante el juez Alvin Hellerstein (Distrito Sur de Nueva York), el Departamento del Tesoro modificó las licencias de sanciones para permitir que los abogados de Maduro y de Cilia Flores reciban pagos del gobierno venezolano.

Esto, siempre y cuando, los fondos provengan de recursos disponibles para el gobierno venezolano posteriores al 5 de marzo de 2026, y no se deriven de cuentas restringidas como “Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros” u otros canales sancionados.

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