Estados Unidos amplía sanciones contra la red financiera del régimen cubano
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este martes una nueva ronda de sanciones contra cinco entidades cubanas y un miembro de la familia extendida de los Castro, como parte de la estrategia de presión impulsada por el presidente Donald Trump mediante la Orden Ejecutiva 14404, emitida el pasado 1 de mayo de 2026.
Según el Departamento de Estado, las medidas buscan afectar las fuentes de ingresos del gobierno cubano, al que Washington acusa de utilizar esos recursos para sostener su aparato represivo y desarrollar actividades contrarias a los intereses de Estados Unidos y de otros países del hemisferio.
Rubio señaló que tres de las entidades sancionadas están vinculadas al conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), considerado por Washington como el principal sostén financiero del régimen. Entre ellas se encuentran dos instituciones financieras encargadas de mover recursos en nombre del gobierno cubano y una empresa logística que opera en toda la isla.
Asimismo, fueron incluidas dos compañías relacionadas con la explotación de minerales y metales, entre ellas la estatal GeoMinera, debido a que, según el gobierno estadounidense, generan ingresos que benefician a las autoridades cubanas.
La administración estadounidense también sancionó a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín —hijo de Raúl Castro—, quien ya había sido objeto de sanciones en virtud de la misma orden ejecutiva.
En un mensaje difundido en redes sociales, Rubio afirmó que “el régimen comunista, corrupto y brutal de Cuba continúa priorizando el control total sobre la libertad y el bienestar del pueblo cubano”, y acusó a las élites gobernantes de utilizar los recursos del país para financiar la represión, el espionaje y actividades antiestadounidenses.
El Departamento de Estado advirtió además que bancos extranjeros y otras empresas que mantengan operaciones con las entidades sancionadas podrían exponerse a sanciones secundarias, por lo que instó a suspender cualquier relación financiera con ellas.
La decisión se produce en medio de una creciente presión económica de Washington sobre La Habana y pocos días después de que el gobierno cubano anunciara un amplio paquete de reformas económicas destinado a flexibilizar diversos sectores de la economía nacional.