Especialistas de la UNAM, UNICEF y organizaciones civiles Ponen en duda que prohibir redes sociales proteja a menores
Por redacción
Prohibir el acceso de niñas, niños y adolescentes a las redes sociales o a las nuevas tecnologías digitales no es una solución comprobada para protegerlos de los riesgos en internet, coincidieron especialistas reunidos en el conversatorio "Entre clicks y juegos: en búsqueda del bienestar digital de las infancias", organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
El Oficial Nacional de Protección a la Infancia de UNICEF México, José Antonio Ruiz Hernández, sostuvo que la garantía de los derechos de la niñez debe extenderse al ámbito digital, al considerar que éste forma parte de su vida cotidiana, donde socializan, aprenden y desarrollan habilidades.
Sin embargo, advirtió que el crecimiento del uso de herramientas tecnológicas también ha trasladado al entorno digital problemáticas como el acoso escolar, el hostigamiento, la violencia sexual y la extorsión.
De acuerdo con datos de la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI, 2.9 millones de adolescentes de entre 12 y 17 años reportaron haber sufrido ciberacoso durante el último año; más de medio millón recibió proposiciones o contenido sexual, cerca de 100 mil fueron víctimas de difusión no consentida de material íntimo y alrededor de 300 mil enfrentaron casos de extorsión sexual.
Ruiz Hernández señaló que algunos países, como Reino Unido, han optado por restringir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales; sin embargo, afirmó que en UNICEF preocupa que ese sea el eje central del debate, debido a que no existe evidencia concluyente de que dicha medida reduzca los riesgos.
"Lo importante es colocar en el centro las perspectivas de niñas, niños y adolescentes", subrayó.
Por su parte, Angélica Contreras, integrante de la asociación civil Cultivando Género, consideró que además de enseñar "primeros auxilios digitales" es indispensable fortalecer la comunicación y la confianza entre menores, familias y personal docente.
La especialista cuestionó que, ante los casos de violencia digital, la responsabilidad recaiga casi exclusivamente en madres y padres de familia, cuando las políticas públicas y las reformas legales suelen diseñarse sin consultar a quienes serán directamente afectados.
A su vez, Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), advirtió que el temor y el desconocimiento del mundo adulto han impulsado propuestas enfocadas en prohibir el uso de internet y dispositivos electrónicos.
"Ellas y ellos son nativos digitales. Nos corresponde entender mejor lo que viven escuchándolos, porque si el debate permanece sólo entre adultos difícilmente podremos responder a sus necesidades", expresó.
Las especialistas coincidieron en que se requiere un pacto social que distribuya responsabilidades entre familias, escuelas, autoridades, organizaciones civiles, organismos internacionales y empresas tecnológicas para construir entornos digitales más seguros para la infancia y la adolescencia.