Escena del Crimen. Más del 70% de los jóvenes no confía en la policía. Por Gerardo Jiménez
Hay una cifra que debería encender las alarmas en las corporaciones de seguridad del país: siete de cada 10 jóvenes mexicanos confían poco o nada en la policía. No se trata únicamente de una mala calificación. Es la evidencia de una fractura entre una generación y las instituciones que deberían protegerla.
El informe Jóvenes en México 2026, elaborado por la Fundación SM como parte del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica (OJI), coloca números a esa ruptura: 71.5 por ciento de los jóvenes manifiesta poca o ninguna confianza en la policía. El 40.7 por ciento dice confiar poco y otro 30.8 por ciento, nada.
Para una institución cuya capacidad de actuación depende también de la colaboración ciudadana, semejante nivel de descrédito representa un problema de seguridad pública. ¿Cómo pedirle a un joven que denuncie, proporcione información, entregue evidencias o busque protección ante una corporación en la que no confía?
El problema tampoco termina frente a una patrulla. La desconfianza acompaña al ciudadano por buena parte del aparato institucional. El 62.9 por ciento tiene poca o ninguna confianza en jueces y tribunales. Es decir, la crisis alcanza tanto a quienes persiguen los delitos como a quienes deben impartir justicia.
El diagnóstico resulta todavía más preocupante cuando se amplía la fotografía. Los partidos políticos registran 76.6 por ciento de poca o ninguna confianza y el Congreso, 72.3 por ciento. Policía, partidos, legisladores y sistema judicial aparecen atrapados, con diferentes intensidades, en el mismo fenómeno: una generación que mira hacia las instituciones y difícilmente encuentra en ellas representación, protección o respuestas.
El informe denomina a parte de este proceso “desafiliación juvenil”: un distanciamiento progresivo de aquellos espacios que tradicionalmente ofrecían seguridad, pertenencia y expectativas de futuro.
La palabra puede sonar académica; el fenómeno es bastante concreto.
Cuando un joven deja de creer que acudir ante la autoridad servirá para resolver un problema, el Estado comienza a desaparecer de su horizonte cotidiano. Cuando tampoco confía en quienes elaboran las leyes, en quienes administran justicia o en los partidos que buscan representarlo, el distanciamiento deja de ser exclusivamente policial para convertirse en institucional.
Hay otro dato que ayuda a entender la magnitud del problema: apenas 15.7 por ciento de los jóvenes considera que posee una alta capacidad para influir en las decisiones del Gobierno.
No solo desconfían. También sienten que su voz pesa poco.
Pero entre las cifras aparece una paradoja especialmente incómoda para las autoridades civiles. Mientras la policía acumula rechazo, el Ejército obtiene una valoración considerablemente mejor: 50.7 por ciento de los jóvenes afirma confiar mucho o algo en esa institución.
La comparación merece atención.
Durante años, México ha discutido la creciente participación militar en tareas de seguridad pública. Sin embargo, entre los jóvenes, las instituciones civiles encargadas de proporcionar seguridad y justicia salen peor evaluadas que las Fuerzas Armadas.
Porque la confianza no se recupera con campañas en redes sociales, patrullas recién pintadas, ceremonias de graduación, fotografías de nuevos uniformes o discursos sobre proximidad ciudadana.
Para la seguridad pública, esa distancia tiene consecuencias.
Una policía sin confianza ciudadana pierde ojos y oídos en las calles. Una Fiscalía desacreditada pierde denuncias. Un sistema judicial cuestionado alimenta la percepción de impunidad. Y una generación convencida de que posee escasa capacidad para incidir en las decisiones públicas puede terminar buscando respuestas completamente fuera de las instituciones.
X: @Santomitote
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