Escena del Crimen. El crimen se sube a la moto del delivery. Por Gerardo Jiménez
La escena del crimen ya no necesita una esquina, una vecindad convertida en punto de venta o un negocio amenazado con bajar la cortina. Ahora puede recorrer la ciudad sobre dos ruedas, cargar una mochila térmica y aparecer en la pantalla de un teléfono como si llevara únicamente comida.
La detención de cinco presuntos integrantes de una célula “independiente” dedicada a extorsionar a repartidores de aplicaciones en la Ciudad de México exhibe una modalidad criminal que debería encender las alarmas mucho más allá del narcomenudeo.
De acuerdo con las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el grupo exigía alrededor de 700 pesos semanales a motociclistas para permitirles realizar entregas en determinadas zonas de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo e Iztapalapa.
Pero el cobro de piso era apenas una parte del negocio: algunos repartidores presuntamente eran obligados a transportar dosis de droga escondidas entre las bolsas y mochilas utilizadas para entregar alimentos y paquetes.
Quien no pagaba podía perder su zona de trabajo. Quien permanecía dentro de ella quedaba sometido a una organización que, según las autoridades, incluso podía convertirlo en distribuidor involuntario de narcóticos.
Es decir, ya no estamos solamente frente al delincuente que extorsiona al comerciante establecido y cobra por permitirle abrir cada mañana. Estamos ante una forma de control territorial adaptada a la economía digital.
El delincuente también evolucionó.
Entendió que miles de trabajadores recorren diariamente las mismas calles, esperan pedidos en determinados puntos, utilizan motocicletas difíciles de distinguir unas de otras y cargan mochilas que entran y salen de restaurantes, edificios, oficinas y unidades habitacionales sin despertar sospechas.
Una red logística perfecta para el comercio formal puede resultar igualmente atractiva para el crimen.
Los tres cateos ejecutados por policías capitalinos, en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México y con apoyo de fuerzas federales, muestran además que la operación no estaba concentrada en un solo punto. En la colonia Morelos, Cuauhtémoc, fue detenido Oswaldo N, de 44 años, señalado como presunto líder de la célula.
Otros implicados fueron capturados en Modelo Pensil, Miguel Hidalgo, y Magdalena Atlazopa, Iztapalapa. Durante las intervenciones fueron aseguradas cientos de dosis de aparente cocaína, además de marihuana y una sustancia con características del cristal.
La investigación tampoco comenzó ayer.
El pasado 14 de agosto habían sido detenidos otros cinco hombres presuntamente vinculados con la misma estructura. Con las capturas más recientes suman diez personas relacionadas por las autoridades con esta red.
Y justamente ahí aparece la pregunta que deberá responder la investigación: ¿cuántos repartidores fueron sometidos?
Porque detener a diez presuntos integrantes permite dimensionar parcialmente a la organización, pero todavía falta conocer el tamaño de su mercado cautivo.
¿Cuántos trabajadores pagaban 700 pesos cada semana? ¿Durante cuánto tiempo lo hicieron? ¿En qué colonias operaba realmente la red? ¿Cuántos fueron obligados a transportar narcóticos? ¿Existían puntos específicos donde recogían y entregaban droga? ¿Quién controlaba esos territorios antes de que aparecieran los repartidores de plataformas?
Y, quizá la más delicada: ¿es ésta una célula aislada o estamos frente a un modelo que ya utilizan otros grupos?
La extorsión es rentable precisamente porque se alimenta del silencio. Para un repartidor que depende de completar decenas de entregas al día para obtener ingresos, denunciar significa exponerse a quien conoce sus rutas, sus horarios, el lugar donde espera pedidos e incluso la motocicleta que conduce.
Por eso el caso merece seguimiento.
Durante años, el derecho de piso fue asociado principalmente con restaurantes, bares, comerciantes, transportistas y negocios establecidos. Lo ocurrido ahora muestra una mutación: el crimen organizado también encontró una manera de cobrarle renta a la precariedad.
Setecientos pesos por semana para poder trabajar.
Y, si la investigación de las autoridades se confirma, una mochila que debería llevar hamburguesas, medicinas o el pedido de una familia también podría terminar transportando cocaína.
X: @Santomitote
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