Escena del Crimen. Dos policías, una metrópoli desprotegida. Por Gerardo Jiménez
Una patrulla cruza los límites de la Ciudad de México hacia el Estado de México. Apenas unos metros separan ambas entidades, pero detrás de los uniformes, las armas y las insignias existen profundas diferencias en la preparación, las condiciones laborales y los mecanismos de supervisión de quienes tienen la responsabilidad de proteger a millones de habitantes.
Para los delincuentes, la frontera es prácticamente invisible. Roban, extorsionan, asesinan y escapan de una jurisdicción a otra. Para las corporaciones encargadas de perseguirlos, esa línea territorial marca diferencias en capacitación, certificaciones, protocolos y estructuras de mando.
El estudio “Las Policías en México: consecuencias de un abandono histórico (2018-2026)”, elaborado por la organización civil Causa en Común, exhibe un contraste: durante 2024, el 29 por ciento de los policías estatales de la capital participó en prácticas de tiro de precisión y reacción. En el Estado de México, apenas uno por ciento.
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La diferencia resulta significativa. No se trata solamente de aprender a disparar, sino de desarrollar habilidades para reaccionar ante situaciones de riesgo y utilizar las armas bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.
El contraste también aparece en las reglas para emplear la fuerza. La policía capitalina acreditó contar con un protocolo específico y un manual de técnicas, mientras que el Estado de México no demostró disponer de ambos instrumentos, aunque sus agentes también están sujetos a la legislación nacional.
Las cifras adquieren otra dimensión cuando se revisan los enfrentamientos armados. Entre 2020 y 2025, el Estado de México registró ante el INEGI 34 civiles fallecidos en enfrentamientos con policías estatales, 17 de ellos durante 2022. La Ciudad de México reportó cero en ese periodo.
Los registros no permiten establecer, por sí solos, si una corporación utiliza mejor la fuerza que otra. Sin embargo, obligan a revisar las circunstancias de cada intervención y los mecanismos de rendición de cuentas.
En certificación, el panorama cambia. El Estado de México reportó que 85 por ciento de sus policías estatales contaba con Certificado Único Policial vigente en 2025, mientras que entre los municipales la proporción fue de 81 por ciento en 2024. La capital no proporcionó información suficiente para determinar su porcentaje.
Pero detrás de las armas y las patrullas existe otra realidad: las condiciones en que trabajan quienes deben enfrentar a la delincuencia.
Los censos del INEGI presentan vacíos de información sobre las prestaciones de los policías capitalinos. A escala municipal nacional, apenas 58 por ciento cuenta con seguro de vida, nueve por ciento tiene acceso a créditos de vivienda, otro nueve por ciento dispone de becas escolares para sus hijos y 28 por ciento recibe apoyos previstos para sus familiares en caso de fallecimiento en servicio.
Los registros estatales también muestran un deterioro aparente: entre 2024 y 2025, la proporción reportada de policías con seguro de vida pasó de 76 a 30 por ciento, mientras que la correspondiente a créditos de vivienda descendió de 27 a tres por ciento. No obstante, estas variaciones también reflejan omisiones de información y diferencias normativas, por lo que no necesariamente representan la pérdida efectiva de prestaciones.
A ello se suman jornadas extenuantes de 24 horas de trabajo por 24 de descanso, turnos de 12 por 12 y acuartelamientos que pueden prolongarse entre dos y seis días.
El descontento ya se manifiesta en las calles. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, Causa en Común documentó 137 movilizaciones policiales en el país: 63 paros, 64 manifestaciones y diez emplazamientos. Los conflictos con mandos, los bajos salarios, la falta de prestaciones y los impagos figuran entre las principales causas.
Son cifras que muestran los riesgos de ejercer una función esencial para la seguridad pública, particularmente entre las corporaciones locales.
La paradoja es evidente: se exige a los policías enfrentar organizaciones criminales, responder a emergencias y proteger vidas, mientras persisten dudas sobre su preparación, sus derechos laborales y la protección de sus propias familias.
X: @Santomitote
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