Escena del Crimen. Cuautla, el polvorín de González Saravia. Por Gerardo Jiménez
Cuautla se ha convertido en una bomba de tiempo para la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia. La violencia, las sospechas de infiltración criminal en las instituciones de seguridad y la liberación de presuntos operadores delictivos exhiben las grietas de una estrategia que, pese al despliegue de fuerzas federales y estatales, no consigue devolver la tranquilidad a la región oriente de la entidad.
La liberación de José David V., El Güero Gym, identificado por fuentes de seguridad como presunto líder de una célula de Pueblos Unidos, organización vinculada con estructuras criminales que operan en los Altos de Morelos, particularmente en Totolapan, encendió nuevamente las alertas. Su detención, el 12 de octubre, terminó en libertad bajo investigación, una decisión que abrió más interrogantes que respuestas.
Extorsión, violencia al transporte y respuesta ciudadana
El asesinato de un operador de la ruta 85, cuando viajaba la semana pasada de Cuautla hacia la Ciudad de México, volvió a colocar sobre la mesa una de las principales amenazas para transportistas y comerciantes: la extorsión. La víctima era conocida en Tetelcingo, zona donde fuentes policiales ubican la influencia de Júpiter Araujo Bernard, El Barbas o El Apá, señalado como presunto operador criminal.
El hartazgo ciudadano también salió a las calles. Para el 28 de octubre se convocó a una caminata por la paz, del zócalo de Cuautla a la Fiscalía Oriente, donde participaron decenas de personas. Los organizadores pidieron llevar fotografías de víctimas, números de carpetas de investigación y veladoras. Una movilización que retrata la dimensión del problema: ciudadanos obligados a exigir justicia con expedientes en las manos.
Redes de protección política y resistencia social
La detención de Cristina Marlén N., excandidata a la alcaldía y regidora de Totolapan, durante un operativo federal y estatal el 18 de febrero de 2026, parecía marcar el inicio de una ofensiva contra las presuntas redes de protección política del crimen organizado. Sin embargo, desde entonces se anunció la existencia de otras órdenes de aprehensión cuyo cumplimiento continúa sin esclarecerse.
En mayo, fuerzas federales realizaron nuevas operaciones después de conocerse una reunión celebrada en junio de 2024 en Totolapan, presuntamente encabezada por El Barbas.
Un antecedente ilustra la capacidad de presión de estas organizaciones. Durante un operativo de 2025, conocido como el primer Totolapazo, agentes estatales aseguraron un Audi TT, un BMW y una camioneta Tahoe blindada, vehículos con reporte de robo.
Según una fuente estatal, pobladores presuntamente vinculados con la base social de Pueblos Unidos intervinieron para arrebatar a los agentes a dos detenidos. Fue necesario desplegar un operativo para recuperar al personal de la Fiscalía.
Filtraciones, sombras institucionales y el caso “Güero Gym”
Las sospechas de filtraciones desde corporaciones municipales, estatales y la propia Fiscalía de Morelos explican, según fuentes consultadas, por qué algunas operaciones contra estructuras criminales han quedado en manos federales.
Pero el caso de El Güero Gym exhibe contradicciones todavía más delicadas. Tras su detención circularon versiones policiales sobre la captura de otras tres personas y un supuesto accidente de vehículos relacionados con el dispositivo de seguridad del general José Luis Bucio Quiroz, secretario de Seguridad estatal.
Un mando policial aseguró que en ese incidente habrían muerto cuatro guardias nacionales y que los detenidos fueron liberados, sin que este hecho se hiciera público, ni lo confirmaran las autoridades judiciales.
Las dudas también alcanzan a la estructura de procuración de justicia. Fuentes estatales sostienen que la Fiscalía nunca fue depurada después de la salida de Uriel Carmona Gándara y señalan la permanencia de funcionarios vinculados con su administración.
El “Plan Cuautla” a prueba
Luis Eduardo Flores Barrios, fiscal de Alto Impacto, explicó que el delito atribuido a El Güero Gym no ameritaba prisión preventiva oficiosa. Por su parte, el fiscal Fernando Blumenkron defendió su liberación como una determinación institucional apegada a derecho.
La legalidad de una liberación no puede juzgarse únicamente por la peligrosidad que las fuentes atribuyen al detenido. Pero las autoridades sí están obligadas a explicar qué investigaciones continúan abiertas, qué órdenes judiciales existen y por qué no se han ejecutado.
Más de mil 700 efectivos desplegados y una estrategia anunciada para ofrecer resultados en 90 días no han conseguido disipar el temor ciudadano, según las fuentes consultadas.
El llamado Plan Cuautla enfrenta así su prueba más difícil: demostrar resultados más allá de los operativos, las conferencias y las cifras de personal movilizado.
Margarita González Saravia tiene frente a sí algo más que una crisis municipal. Cuautla representa una prueba de autoridad para su gobierno y de credibilidad para las instituciones encargadas de garantizar justicia.
@Santomitote
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