En Movimiento. La sombra de la corrupción. Por Liébano Sáenz
La elección intermedia de 2027 será singular por razones que trascienden su magnitud. Se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales. Lo excepcional, sin embargo, no será la concurrencia electoral, sino el estado de las instituciones llamadas a garantizar la certeza del sufragio.
En 2021, pese a graves irregularidades registradas en distintas entidades y a la intervención de grupos criminales, el país contaba con autoridades electorales creíbles y un Poder Judicial autónomo. Hoy el entorno es distinto. La violencia y el dinero ilícito siguen amenazando las urnas, mientras se deteriora la credibilidad del árbitro electoral.
El INE no debe confundirse con su presidencia. En el Consejo General subsisten voces independientes y buena parte de su estructura profesional honra la tradición de una institución decisiva para la democratización del país. Precisamente por ello, resultan más graves los cuestionamientos a su conducción.
Desde que asumió la presidencia en 2023, Guadalupe Taddei ha acumulado decisiones controvertidas, incluida la permisividad frente a campañas anticipadas. A los cuestionamientos por parcialidad se suman ahora denuncias sobre posibles actos de corrupción que la involucran.
Según investigaciones periodísticas, la Unidad de Inteligencia Financiera indaga a siete empresas proveedoras de materiales electorales. También se han revelado encuentros sociales de Taddei con un empresario contratista y vínculos laborales entre proveedores y funcionarios del INE.
La consejera presidenta niega favoritismo y sostiene que las contrataciones se realizaron conforme a la ley.
Las denuncias no equivalen a culpabilidad, pero la autonomía tampoco es licencia para eludir responsabilidades. Confundir los cuestionamientos a la presidenta con ataques al INE supone utilizar a la institución como escudo personal. Investigar las presuntas irregularidades es indispensable para recuperar su autoridad.
Urgen auditorías independientes, transparencia sobre los contratos y deslinde de responsabilidades. La presunción de inocencia debe respetarse, al igual que la obligación de rendir cuentas. Una autoridad electoral no sólo debe organizar elecciones limpias; también debe acreditar pulcritud en su propia casa.
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