El Gobierno de Ecuador capturó al delincuente más buscado de Ecuador
La detención de Javier Macías Villamar, alias “Javi”, máximo cabecilla de ‘Los Choneros’ el delincuente más buscado de Ecuador, representa un golpe sin precedentes contra el crimen organizado transnacional en la región.
Este sujeto, heredero de la estructura criminal de su hermano, alias ‘Fito’, era requerido mediante Notificación Roja de INTERPOL por homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Además, lideraba las operaciones de expansión internacional de una de las organizaciones narcotraficantes más peligrosas de América Latina.
Gracias a la cooperación entre la Policía de Colombia, Policía de Ecuador y el Centro Nacional de Inteligencia neutralizaron una amenaza que pretendía fortalecer alianzas criminales y consolidar corredores del narcotráfico en la región.
Viaje de Daniel Novoa a Estados Unidos
El presidente Daniel Noboa mantuvo un encuentro oficial con el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, para fortalecer los niveles de interoperabilidad táctica entre ambas naciones, diseñar planes conjuntos contra el terrorismo y contribuir a la paz y seguridad en todo el país, así avanzamos en la defensa nacional y la lucha contra el narcoterrorismo.
Asimismo, Novoa mantuvo un diálogo con Stephen Miller, Jefe Adjunto de Gabinete para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, para seguir sumando esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado transnacional, fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y abrir más oportunidades para el bienestar de los ecuatorianos.
Noboa decreta estado de excepción en 10 provincias de Ecuador ante nueva "reconfiguración criminal"
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en diez provincias y tres cantones del país, argumentando una situación de "grave conmoción interna" derivada de la evolución y reorganización de las estructuras criminales que operan en territorio ecuatoriano.
La medida entró en vigor el 16 de junio mediante el Decreto Ejecutivo 423.
De acuerdo con el decreto, el estado de excepción se aplica en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, además de los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
El Gobierno sostiene que estas zonas concentran la mayor parte de la violencia vinculada al crimen organizado.
Según la justificación oficial, la decisión se basa en informes reservados del Centro Nacional de Inteligencia y de las Fuerzas Armadas que advierten sobre una constante "reconfiguración criminal", disputas territoriales entre bandas, expansión del narcotráfico y fortalecimiento de economías ilícitas asociadas al tráfico de drogas, armas y minería ilegal.
Aumento de la violencia
Medios ecuatorianos reportan que entre el 1 de mayo y el 12 de junio de 2026 los homicidios registrados a nivel nacional aumentaron 6.8 por ciento, al pasar de 322 a 344 casos.
Además, la Policía Nacional señala que cerca del 94 por ciento de los hechos violentos del país se concentran precisamente en las provincias incluidas en la nueva declaratoria.
Uno de los casos que llamó la atención fue la incorporación de la provincia de Azuay, donde las autoridades identificaron un incremento de la actividad criminal vinculada a la minería ilegal, especialmente en el cantón Camilo Ponce Enríquez.
Los informes de inteligencia también alertan sobre intentos de expansión de organizaciones delictivas hacia nuevas zonas del país.
Facultades extraordinarias
El Decreto 423 autoriza la intervención conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las áreas afectadas.
Asimismo, suspende temporalmente los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, permitiendo allanamientos y operaciones especiales sin los procedimientos ordinarios aplicables en tiempos normales.
Las autoridades sostienen que estas facultades son necesarias debido a que, tras concluir el anterior estado de excepción en mayo, los niveles de violencia volvieron a incrementarse y las capacidades operativas de la Policía resultaron insuficientes para contener la expansión de los grupos criminales sin el apoyo permanente de los militares.
