El Departamento de Justicia de EU exonera a la empresa Bosch de cargos penales tras autodenuncia por exportaciones a Huawei
Por corresponsales
Washington, D.C., 17 junio. - El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) decidió no presentar cargos penales contra Bosch por presuntas violaciones a las normas de control de exportaciones vinculadas con envíos de productos y software a Huawei Technologies, una resolución que marca la primera aplicación de este tipo bajo la Política de Cumplimiento Corporativo y Autodenuncia Voluntaria de la División de Seguridad Nacional (NSD).
La decisión beneficia a Robert Bosch GmbH después de que la compañía notificó voluntariamente a las autoridades estadounidenses sobre posibles infracciones relacionadas con exportaciones realizadas por dos de sus filiales fuera de Estados Unidos.
Según el Departamento de Justicia, entre septiembre de 2020 y septiembre de 2024 las subsidiarias Bosch Sensortec GmbH (BST) y ETAS GmbH exportaron sensores de sistemas microelectromecánicos (MEMS) y software con un valor superior a 70 millones de dólares a Huawei Technologies Co., Ltd. y otras entidades incluidas en la Lista de Entidades restringidas de Estados Unidos, sin contar con las licencias requeridas.
La investigación determinó que los productos estaban sujetos a las Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR) bajo la denominada Regla de Producto Directo Extranjero (FDPR), diseñada para limitar el acceso de determinadas compañías chinas a tecnología desarrollada con componentes o software estadounidenses.
El DOJ señaló que la empresa obtuvo aproximadamente 11.43 millones de dólares en ganancias antes de impuestos derivadas de dichas operaciones. Como parte del acuerdo, Bosch aceptó devolver ese monto, una parte del cual será acreditada contra una sanción civil paralela de 36.18 millones de dólares impuesta por el Departamento de Comercio.
Para las autoridades estadounidenses, el caso se convirtió en un ejemplo de los incentivos que ofrece la política de autodenuncia corporativa. John A. Eisenberg, fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, destacó que la cooperación de la compañía permitió una resolución eficiente y reforzó los objetivos de protección tecnológica y seguridad nacional.
La investigación también detectó deficiencias en los mecanismos internos de cumplimiento comercial de Bosch. De acuerdo con el expediente, personal encargado de supervisar las regulaciones de exportación carecía de capacitación suficiente sobre la aplicación de la FDPR, lo que permitió que las operaciones continuaran durante varios años pese a señales de alerta emitidas por asesores externos.
No obstante, el Departamento de Justicia valoró que la empresa implementó medidas correctivas relevantes, entre ellas cambios organizacionales, sanciones disciplinarias internas, ampliación de sus equipos de cumplimiento normativo en Estados Unidos y actualización de políticas y procedimientos corporativos.
La resolución llega en un contexto de creciente endurecimiento de las restricciones tecnológicas de Washington hacia China y de una mayor vigilancia sobre las exportaciones de semiconductores, software y tecnologías avanzadas consideradas estratégicas para la seguridad nacional estadounidense.
Para el Departamento de Justicia, el caso establece un precedente para multinacionales que operan en cadenas globales de suministro y enfrentan riesgos regulatorios derivados de los controles de exportación cada vez más estrictos entre Estados Unidos y China.