El Congreso de Bolivia aprobó que Rodrigo Paz despliegue militares y declare el Estado de Emergencia
La Cámara de Diputados de Bolivia ha aprobado en la madrugada de este domingo la Ley de Regulación de los Estados de Excepción que amplía las competencias del presidente, Rodrigo Paz, para declarar el estado de excepción y facilitar así el empleo de las Fuerzas Armadas en la represión de las protestas que desde hace más de un mes mantienen bloqueada la región de la capital, La Paz, para exigir la dimisión del mandatario.
Un aspecto central de la ley es el concepto de "insuficiencia operativa sobreviniente", que permite la participación de las Fuerzas Armadas cuando la capacidad de la Policía Boliviana resulte insuficiente para controlar situaciones que comprometan la estabilidad institucional.
La norma fue ya aprobada en el Senado y este domingo a las 5.52 horas ha recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados por dos tercios de los diputados tras una sesión maratoniana de casi 14 horas. Ahora el proyecto ha sido remitido al presidente para su promulgación.
La ley establece que la declaración del estado de excepción deberá realizarse a través de un decreto supremo fundamentado con la especificación de su alcance territorial, duración, medidas extraordinarias autorizadas e instituciones responsables de su ejecución.
También determina una vigencia máxima de hasta 90 días con posibilidad de ampliación únicamente mediante autorización de la Asamblea Legislativa.
Uno de los artículos de la ley aprobada señala que los uniformados, durante el estado de excepción, 'gozarán de presunción de legalidad' y que el gobierno deberá asumir su defensa legal.
'Este artículo no solamente que es necesario, sino es útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos (...), estén dispuestos a protegernos', dijo el diputado oficialista Carlos Alarcón.
Ese artículo permitirá despejar el temor de los militares a ser sometidos a juicios penales por el uso de la fuerza en situaciones de conflicto.
La norma fue impulsada por el gobierno del presidente Rodrigo de Paz tras 37 días de bloqueos convocados por la Central Obrera Boliviana (COB), que genera desabasto de alimentos, combustibles y medicinas.
- Con información de En Mayúscula y Bolivia Prensa