Diputado del PAN propone castigar con sanciones y cárcel el uso indebido de facultades contra redes de telecomunicaciones
Por redacción
El diputado federal del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, presentó una iniciativa para reforzar la protección de la infraestructura estratégica de telecomunicaciones y sancionar a los servidores públicos que, sin facultades legales, impongan multas, clausuras, cobros o medidas que afecten la operación de redes federales.
La propuesta plantea reformas a tres leyes para delimitar las competencias entre los distintos órdenes de gobierno y endurecer las consecuencias administrativas y penales por el ejercicio indebido de atribuciones.
La propuesta modifica la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para establecer de manera expresa que la regulación, autorización, supervisión y determinación de las condiciones para la instalación, operación, mantenimiento, retiro y reordenamiento de la infraestructura de telecomunicaciones corresponde exclusivamente a la Federación.
En ese sentido, los estados, municipios y alcaldías únicamente podrían participar mediante mecanismos de coordinación previstos en la legislación federal, sin imponer permisos, cobros o restricciones que obstaculicen el despliegue o funcionamiento de las redes.
Como parte de la exposición de motivos, el legislador argumenta que la propuesta surge tras los hechos registrados en el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, donde autoridades municipales habrían iniciado procedimientos administrativos y aplicado multas superiores a mil 500 millones de pesos contra empresas concesionarias de telecomunicaciones por presuntas irregularidades relacionadas con postes, cableado y fibra óptica instalados en la vía pública.
A su juicio, ese caso evidenció la necesidad de precisar los límites de actuación de las autoridades locales cuando se trata de infraestructura bajo jurisdicción federal.
La iniciativa también reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas para considerar como falta grave el que un servidor público, careciendo de competencia constitucional o legal, ordene o ejecute cobros, sanciones, clausuras, suspensiones, retiros o cualquier otra medida que afecte infraestructura estratégica de jurisdicción federal, como la destinada a telecomunicaciones, energía, agua, salud o transporte, cuando con ello cause perjuicios, obtenga beneficios indebidos o comprometa la continuidad de servicios públicos.
Además, plantea modificaciones a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión con el propósito de incorporar una agravante cuando un servidor público utilice indebidamente las atribuciones de su cargo para imponer o amenazar con clausuras, cancelaciones o requisitos que no le correspondan legalmente y, con ello, ponga en riesgo infraestructura federal o la prestación de servicios públicos esenciales.
La propuesta precisa que el desconocimiento de los límites legales de competencia no podrá utilizarse como argumento para excluir o atenuar la responsabilidad penal.
El legislador sostiene que las reformas buscan brindar mayor certeza jurídica a inversionistas y concesionarios, preservar la distribución constitucional de competencias y evitar que facultades administrativas sean utilizadas como mecanismos de presión económica.
Asimismo, afirma que el objetivo no es restringir las atribuciones legítimas de estados y municipios, sino fortalecer la coordinación institucional y garantizar la continuidad de servicios estratégicos para la población y las actividades productivas del país.