Detienen en Colombia a juez mexicano acusado de recibir soborno de 2 millones de dólares para liberar a narcotraficante
Los Ángeles, California, 5 de noviembre de 2026. — El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la detención en Colombia del juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, de 49 años, acusado de recibir un soborno de 2 millones de dólares a cambio de ordenar la liberación de Andrew Clark, identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores de una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína.
La captura ocurrió el domingo 1 de noviembre, en una operación realizada con la colaboración de autoridades colombianas y estadounidenses, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Central de California.
Benítez Alcántara enfrenta una acusación de nueve cargos federales por presuntamente haber actuado como cómplice después de la comisión de delitos, al utilizar su posición judicial para facilitar que Clark evadiera la detención y el procesamiento penal en Estados Unidos.
El gobierno estadounidense anunció que solicitará formalmente su extradición desde Colombia.
Un soborno millonario para liberar a un narcotraficante
De acuerdo con la acusación formal presentada el 4 de septiembre de 2026, Benítez Alcántara se desempeñaba como juez de distrito en la Ciudad de México y tenía bajo su responsabilidad el procedimiento de extradición de Andrew Clark, ciudadano canadiense de 36 años.
Clark había sido arrestado en México en octubre de 2024, acusado en Estados Unidos de delitos relacionados con narcotráfico, asesinato e intento de asesinato.
En noviembre de ese año, Washington solicitó formalmente su extradición.
Sin embargo, mientras se desarrollaba el procedimiento judicial, Clark habría organizado una operación financiera destinada a conseguir su liberación.
Según los investigadores estadounidenses, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, el canadiense transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares, mediante intermediarios y pagos fraccionados.
De esa cantidad, aproximadamente 2 millones de dólares habrían sido destinados a sobornar al juez mexicano.
La Fiscalía estadounidense sostiene que Benítez Alcántara aceptó el acuerdo y utilizó sus facultades judiciales para emitir resoluciones favorables al acusado.
El 24 de febrero de 2025, fecha en que presuntamente recibió la totalidad del soborno, concedió la libertad bajo fianza a Clark y ordenó su liberación.
No obstante, pocos días después, las autoridades mexicanas volvieron a detener al canadiense, quien posteriormente fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar los cargos en su contra.
¿Quién es Ryan Wedding y qué relación tiene con el caso?
Ryan James Wedding, de 44 años, es un exdeportista olímpico canadiense que participó en competencias de snowboard y que posteriormente fue acusado por Estados Unidos de encabezar una organización transnacional de tráfico de cocaína.
Según el FBI, la red operaba con conexiones en Canadá, México, Colombia y Estados Unidos, y estaba vinculada con diversos delitos violentos.
Las autoridades estadounidenses identifican a Andrew Clark como el segundo al mando de esa organización, encargada de transportar y distribuir grandes cantidades de cocaína, principalmente hacia territorio canadiense.
Wedding llegó a formar parte de la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.
En enero de 2026 fue detenido en México y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia federal.
Actualmente enfrenta acusaciones por tráfico de drogas, asesinato e intento de asesinato.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, tiene programados dos juicios separados para el 31 de marzo y el 26 de octubre de 2027.
La investigación contra Benítez Alcántara busca determinar su presunta participación en las maniobras que permitieron liberar temporalmente a uno de los principales integrantes de esa estructura criminal.
FBI acusa al juez de utilizar su cargo para favorecer al crimen organizado
El director del FBI, Kash Patel, afirmó que la detención del exfuncionario judicial mexicano representa un avance en las investigaciones contra la organización de Ryan Wedding.
Según Patel, Benítez Alcántara habría aprovechado su posición para favorecer a un integrante de una red criminal con operaciones millonarias y conexiones en varios países.
El funcionario señaló que el juez presuntamente aceptó el soborno para ordenar la liberación de Clark, con la intención de impedir o dificultar que enfrentara a la justicia estadounidense.
Por su parte, el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió que las autoridades de su país buscarán procesar a funcionarios públicos de cualquier nacionalidad que colaboren con organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Blanche sostuvo que la cooperación internacional será fundamental para identificar y desarticular las redes criminales que operan dentro y fuera de territorio estadounidense.
El primer fiscal federal auxiliar del Distrito Central de California, Bill Essayli, también destacó la importancia de investigar a quienes presuntamente utilizan cargos de confianza pública para beneficiar a organizaciones delictivas.
¿Qué castigo podría recibir el juez mexicano?
Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos federales por el delito conocido en Estados Unidos como «encubrimiento posterior al delito» (accessory after the fact), que consiste en ayudar a una persona involucrada en un delito a evitar su detención, procesamiento o castigo.
De ser declarado culpable, podría recibir una pena máxima legal de 15 años de prisión federal por cada uno de los nueve cargos.
Una investigación conjunta de autoridades internacionales
La operación fue desarrollada dentro de la iniciativa estadounidense denominada Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force, HSTF), establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159.
En las investigaciones participaron el FBI, el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Real Policía Montada de Canadá.
También colaboraron la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia, por medio de sus unidades de investigación criminal e Interpol.
El Departamento de Justicia destacó la intervención de su oficina de enlace judicial en Bogotá y de la Oficina de Asuntos Internacionales para coordinar la captura.
El proceso judicial está a cargo de los fiscales federales Lyndsi Allsop y Joshua J. Lee, integrantes de la Sección de Crimen Organizado Transnacional de la Fiscalía Federal del Distrito Central de California.