Desde el Norte. Unos días en el occidente de México. Por Rubén Moreira Valdez
El pasado fin de semana estuve en Jalisco y disfruté de su capital y de su área metropolitana. El motivo de la visita fue ofrecer una conferencia, y el tiempo restante lo aproveché para conversar con viejos y nuevos amigos. En todas las mesas surgió el mismo tema: la inseguridad.
Las conversaciones abarcaron desde la desaparición de personas hasta la presión que reciben los gobiernos municipales para someterse a las grandes organizaciones criminales.
También se recordaron los asesinatos de políticos, los lugares donde es imposible competir electoralmente, las zonas agrícolas a las que sus propietarios ya no pueden acceder y el cobro de cuotas.
En México, la principal actividad del crimen organizado es el narcotráfico y, gracias a su enorme capacidad económica, ha subordinado al resto de las actividades delictivas e incluso ha creado nuevas fuentes ilegales de ingresos. Entre ellas destaca la captura de los presupuestos municipales e, incluso, de gobiernos completos, con el propósito de expoliar a las comunidades desde las propias instituciones.
Es fácil comprender el poder de las organizaciones criminales al observar el tamaño del mercado de las drogas en Estados Unidos, cuyo valor se estima entre 150 mil y 250 mil millones de dólares al año.
Nuestros vecinos enfrentan una grave crisis de salud, reflejada en los datos de la National Survey on Drug Use and Health, que en 2024 reportó que 73.6 millones de estadounidenses de 12 años o más habían consumido algún tipo de droga. Una parte importante de esas sustancias proviene de México.
A ello se suma que la violencia se alimenta del tráfico de armas. Más del 80 % de las armas incautadas en México proviene de Estados Unidos, donde no solo es fácil adquirirlas, sino que además existe un entorno que favorece su posesión y uso. La industria legal de las armas de fuego está valuada en aproximadamente 90 mil millones de dólares y se calcula que en ese país hay alrededor de 400 millones de armas en manos de civiles.
Es evidente que en México cambió la estrategia para enfrentar la inseguridad, y eso es positivo. Hemos pasado de la pasividad y permisividad que caracterizaron al gobierno de López Obrador a una postura más activa. Sin embargo, la debilidad institucional dificulta el éxito de esa estrategia y prolonga los problemas que enfrenta el país.
En México no existe un gran pacto nacional contra el crimen, y los actores políticos y los distintos órdenes de gobierno siguen sin trabajar de manera coordinada. En cambio, prevalecen la tendencia a culpar al pasado y la polarización política.
La situación se complica cuando, del otro lado de la frontera, las soluciones se convierten en promesas electorales que no atienden las causas de las adicciones, sino que se limitan a plantear medidas para impedir el tráfico de drogas.
La paz es posible cuando el Estado actúa con determinación, y eso aún no ha ocurrido. Mientras tanto, Guadalajara y una buena parte de México seguirán viviendo con miedo.
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