Desde el Norte. Evadir la responsabilidad. Por Rubén Moreira Valdez
Tlahuelilpan es un poblado de Hidalgo. “En donde se riegan las tierras” es lo que significa en español esa palabra que proviene del náhuatl. En 1560 se asentaron los primeros peninsulares y construyeron un templo y un convento franciscano. En esas tierras edificaron su cultura chichimecas, otomíes, toltecas y aztecas.
La población se encuentra en la entidad que es el epicentro del robo de combustible. Para ilustrar lo anterior, basta decir que entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 1,467 tomas clandestinas, lo que representa un incremento de 17.64% frente al mismo periodo del año anterior. El estado concentra 29.8% del total nacional. La cifra es muy alarmante si consideramos que los daños a la nación por sustracción de combustibles ascienden a 12,992 millones de pesos en solo seis meses.
En últimas fechas, la opinión pública centró su atención en lo que se conoce como huachicol fiscal, que consiste en el tráfico trasnacional e ilegal de combustible, un negocio que deja jugosas ganancias a las bandas criminales y que, para funcionar, cuenta con una red de distribución por todo el país.
Esto, sin contar la necesaria protección de autoridades o agentes de la ley.
Lo anterior ha puesto en segundo término el delito original, el que se configura por el robo simple y directo, algunas veces desde las propias refinerías y otras pinchando las redes de conducción. En Hidalgo hay una amplia tradición al respecto.
López Obrador decía que los presidentes se enteran de todo. No me queda muy claro que eso sea cierto. Sin embargo, los sistemas de información de municipios y estados sí son capaces de alertar sobre acontecimientos públicos, como pueden ser manifestaciones, alborotos o concentraciones inusuales.
¿Alguien puede sostener que en un municipio de apenas 30 kilómetros cuadrados se puede esconder un robo masivo de combustible? La tragedia de Tlahuelilpan, que costó la vida a cuando menos 137 personas, tuvo lugar en una zona poblada llamada San Primitivo.
Habitantes del lugar me comentaron que todos en el área sabían que se abriría una zanja para llenarla con el combustible que escaparía de la red pinchada. Una inmensa alberca fue en lo que se convirtió el lugar. Se invitó a la población a recolectar el combustible.
Incluso, para llevar la cuenta de lo que se pagaba, primero se les vendía a los “voluntarios” una cubeta por 50 pesos para, con ello, estandarizar las medidas. Según reportes, en el lugar se concentraron entre 600 y 800 personas. Ninguno de los tres órdenes de gobierno actuó y una chispa generó la tragedia. En pocas palabras, la autoridad no hizo nada.
Hace unas semanas escribí sobre Cuautepec de Hinojosa, municipio de apenas 390 kilómetros cuadrados y con una población de 60 mil habitantes. Este sitio, muy cercano a Tulancingo, encabeza las tomas clandestinas en el país con 439 en el primer semestre de este año, es decir, 2.4 por día, y nadie se da cuenta para impedirlas. Ni el alcalde ni el gobernador. Esto suena, en el mejor de los casos, a ineptitud e indolencia.
La lucha contra el crimen reclama la participación de todas las autoridades. Sin embargo, lo más común es ver la evasión de la responsabilidad de aplicar la ley. Son muy pocos los gobernadores y alcaldes que combaten al crimen. La mayoría dice: “Es un delito federal”. Hidalgo es una muestra de esa nefasta costumbre.
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