Departamento de Justicia de EU acusa a prisiones de California de permitir abuso sexual contra reclusas
Otorga 49 días al estado para corregir fallas; advierte que podría iniciar una demanda por violaciones a derechos constitucionales
Por corresponsales
Washington, D.C., 13 agosto. - El Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó que existen motivos razonables para considerar que autoridades penitenciarias de California violan la Constitución al no proteger a mujeres privadas de la libertad frente a abusos y acoso sexual presuntamente cometidos por personal de los centros.
La investigación federal señala al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR), al Centro Penitenciario para Mujeres del Centro de California (CCWF), ubicado en Chowchilla, y a la Institución para Mujeres de California (CIW), en Chino.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los investigadores encontraron un patrón persistente de conducta sexual inapropiada por parte de empleados, así como deficiencias en las medidas de protección, mecanismos de denuncia confidencial, investigaciones y procedimientos para exigir responsabilidades.
La dependencia sostuvo que las fallas constituyen violaciones graves a los derechos constitucionales de las reclusas protegidos por las Enmiendas Octava y Decimocuarta de la Constitución estadounidense.
También concluyó que las autoridades penitenciarias no están implementando de manera adecuada y efectiva la Ley de Eliminación de la Violación en Prisiones (PREA), legislación federal destinada a prevenir y combatir el abuso sexual dentro de los centros penitenciarios.
“Las mujeres reclusas tienen el derecho constitucional a estar libres de agresión y acoso sexual por parte del personal penitenciario”, afirmó Harmeet K. Dhillon, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
La funcionaria señaló que la investigación encontró que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California tenía conocimiento de incidentes repetidos de agresión y acoso sexual contra internas y, pese a ello, no adoptó medidas suficientes para protegerlas.
“Esta indiferencia deliberada ante el sufrimiento de las mujeres reclusas a manos del personal penitenciario es ilegal”, sostuvo Dhillon.
El Departamento de Justicia notificó a California las medidas correctivas que considera indispensables para atender las deficiencias detectadas. Entre ellas se encuentran ampliar la cobertura de cámaras de vigilancia, fortalecer los canales de denuncia confidencial y mejorar los protocolos para investigar las acusaciones.
También exigió reforzar la capacitación y supervisión del personal, además de implementar medidas de protección que cumplan con los estándares establecidos por la PREA.
California tiene 49 días para actuar
El gobierno federal otorgó al estado un plazo de 49 días para atender satisfactoriamente las deficiencias señaladas.
En caso de que las autoridades estatales no adopten las medidas necesarias, el fiscal general podrá iniciar un litigio bajo la Ley de Derechos Civiles de las Personas Institucionalizadas (CRIPA), que permite al Departamento de Justicia intervenir ante patrones o prácticas que priven a personas recluidas de sus derechos constitucionales.
Bill Essayli, primer fiscal auxiliar de Estados Unidos para el Distrito Central de California, calificó los hallazgos como “inaceptables” y sostuvo que el estado tiene una obligación legal y moral de proteger a las personas bajo su custodia.
“Este informe debe marcar un punto de inflexión”, afirmó.
Por su parte, el fiscal federal del Distrito Este de California, Eric Grant, destacó la importancia de una aplicación independiente de las leyes federales de derechos civiles y consideró que los hallazgos corresponden precisamente a las conductas que el Congreso buscó combatir mediante las leyes CRIPA y PREA.
La investigación fue iniciada en septiembre de 2024 por la Sección de Litigios Especiales de la División de Derechos Civiles y las Fiscalías de los Distritos Este y Central de California.
El Departamento de Justicia indicó que espera trabajar con las autoridades de California para corregir las presuntas violaciones, aunque dejó abierta la posibilidad de acudir a los tribunales si el estado no cumple con las medidas requeridas.